La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por el Partido Republicano, presentó el miércoles un marco presupuestario de 95.000 millones de dólares que busca financiar la escalada militar contra Irán, compensar a los agricultores perjudicados por la guerra comercial y revivir partes de la Ley SAVE America, una controvertida normativa de restricción del voto. La medida, que se tramitará mediante el mecanismo de reconciliación presupuestaria para eludir el bloqueo demócrata en el Senado, constituye la tercera y última gran ofensiva legislativa republicana antes de las elecciones de noviembre, en las que el partido se juega el control del Congreso.

Desde el liderazgo republicano, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, defiende el plan como una herramienta para “apoyar a nuestras tropas y salvaguardar la integridad de nuestras elecciones”. Sin embargo, el ala fiscalmente conservadora del partido, representada por legisladores como Warren Davidson, ha calificado la propuesta de “muerta al llegar” por no incluir recortes de gasto que compensen el nuevo desembolso. Según fuentes legislativas en Washington, la falta de compensaciones podría sumar más de 100.000 millones a la deuda nacional en una década, lo que ha encendido las alarmas entre los halcones del déficit. En paralelo, los demócratas han articulado una oposición multifacética: en el Senado, bloquearon el avance de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) —un presupuesto de casi un billón de dólares— hasta que la Casa Blanca rinda cuentas sobre la guerra, mientras que en el Comité Económico Conjunto denuncian que el conflicto ya ha costado a los hogares estadounidenses 56.400 millones de dólares adicionales en gasolina.

El proyecto asigna 73.000 millones a las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, de los cuales una parte sustancial está vinculada a las operaciones contra Irán; 12.000 millones en ayudas a los agricultores golpeados por los aranceles y la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz; y 10.000 millones en subvenciones electorales diseñadas para incentivar a los estados a adoptar requisitos de identificación con fotografía y prueba de ciudadanía, eludiendo así las restricciones parlamentarias que han frenado la Ley SAVE en el Senado. Desde la óptica de Teherán, la ofensiva legislativa republicana se interpreta como un intento de blindar financieramente una guerra que, según analistas iraníes, carece de una estrategia de salida definida y ha profundizado las divisiones políticas en Washington. A su vez, desde América Latina, el alza de los precios del combustible derivada del conflicto genera preocupación por sus efectos inflacionarios en las economías importadoras de petróleo, un factor que podría repercutir en el debate presupuestario si la presión económica se intensifica.

El Comité de Presupuesto de la Cámara tiene previsto examinar la resolución este jueves, y el liderazgo republicano aspira a someterla a votación en el pleno la próxima semana, antes del receso estival. Si el marco es aprobado, las comisiones dispondrán hasta septiembre para redactar el proyecto de ley definitivo, que deberá sortear tanto la estrecha mayoría republicana —218 escaños frente a 212 demócratas— como las reglas del Senado, donde el parlamentario podría limitar las disposiciones electorales. Con la popularidad de la guerra en declive y la presión de la Casa Blanca para aumentar el gasto en defensa, el desenlace de esta pugna presupuestaria definirá no solo el alcance de la campaña militar, sino también la capacidad del partido gobernante para movilizar a su electorado en unos comicios que se perfilan como un referéndum sobre la gestión de Donald Trump.