The New York Times presentó el miércoles una moción ante un tribunal federal de Manhattan para anular las citaciones que el Departamento de Justicia emitió contra tres de sus periodistas, en el marco de una investigación por la filtración de información clasificada sobre las deficiencias de seguridad del nuevo avión presidencial Air Force One, donado por Qatar. La acción judicial, interpuesta bajo secreto de sumario, abre un frente legal de alto voltaje sobre el derecho de los reporteros a proteger sus fuentes confidenciales. Según el diario, las citaciones, entregadas en los domicilios de los periodistas el pasado viernes, les conminaban a testificar ante un gran jurado federal.

Desde la óptica del periódico neoyorquino, la medida constituye un acto de represalia. David McCraw, vicepresidente senior y asesor jurídico adjunto de la cabecera, afirmó que las citaciones “se emiten de mala fe para castigar a The Times por su cobertura” y vulneran los derechos constitucionales del medio y de sus profesionales. El Departamento de Justicia, por su parte, sostiene que los periodistas no son el objetivo de la pesquisa, sino testigos materiales. En un comunicado, la cartera valoró el papel de la prensa, pero subrayó su obligación de impedir la divulgación no autorizada de secretos de Estado. Durante su audiencia de confirmación en el Senado, el fiscal general interino, Todd Blanche, insistió en que la pregunta que se les quiere formular no es quiénes son sus fuentes, sino “quién les proporcionó información clasificada de seguridad nacional”.

Analistas jurídicos en Washington advierten que forzar a un periodista a revelar sus fuentes ante un gran jurado es un recurso extraordinario, incluso en investigaciones de filtraciones. Si bien administraciones anteriores han obtenido registros telefónicos de reporteros, la citación directa para testificar supone una escalada que organizaciones defensoras de la libertad de prensa, tanto estadounidenses como internacionales, califican de intento de intimidación. El contexto normativo se endureció en abril de 2025, cuando la entonces fiscal general Pam Bondi revocó una política de la era Biden que limitaba la capacidad de los fiscales para incautar comunicaciones de periodistas, restaurando la autoridad para emplear citaciones, órdenes judiciales y registros.

El trasfondo de la controversia es un artículo del Times que, citando fuentes anónimas, reveló que el Servicio Secreto había recomendado al presidente Donald Trump no utilizar el nuevo Air Force One —un Boeing 747-8 obsequiado por Qatar y sometido a una modernización de 400 millones de dólares— por carecer de sistemas antimisiles y otras contramedidas avanzadas. Trump regresó de la cumbre de la OTAN en Turquía en un modelo anterior y negó motivos de seguridad. La investigación se produce después de que el FBI registrara este año el domicilio de una reportera del Washington Post y confiscara sus dispositivos electrónicos en otro caso de filtraciones. La moción del Times permanece bajo sello y se espera que el litigio se prolongue mientras el Senado evalúa la nominación de Blanche para dirigir el Departamento de Justicia de forma permanente.