Un juez federal del Distrito Sur de Florida ordenó este miércoles al expresidente venezolano Nicolás Maduro y a otros altos cargos del chavismo pagar 314 millones de dólares a una decena de ciudadanos estadounidenses que los acusaron de secuestro, tortura y actos de terrorismo. La sentencia, dictada en una corte de Miami, excluyó explícitamente a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a su hermano Jorge Rodríguez —presidente de la Asamblea Nacional— y a las empresas estatales PDVSA y CVP. En paralelo, el Departamento de Estado confirmó que no obstaculizará el regreso a Caracas de la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, aunque advirtió que deben darse las condiciones para evitar su detención.

La decisión judicial se produce en un escenario de transición abierto tras la intervención militar estadounidense que el pasado 3 de enero derrocó a Maduro y lo trasladó a Nueva York, donde enfrenta cargos penales por narcoterrorismo. Desde entonces, Delcy Rodríguez —quien fuera vicepresidenta de Maduro— encabeza un gobierno interino reconocido por Washington y compuesto en su mayoría por figuras del antiguo régimen. Según fuentes diplomáticas estadounidenses, la exclusión de los Rodríguez del fallo civil responde a la necesidad de preservar los canales de interlocución con las actuales autoridades, con quienes se ha acordado iniciar un diálogo formal el próximo 1 de agosto. Ese proceso, sin embargo, no contará con Machado: Caracas se negó a negociar con ella y la Casa Blanca aceptó como contraparte opositora a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015.

Analistas en Caracas y Madrid interpretan esta arquitectura como la consolidación de un plan estadounidense que, en palabras del escritor Francisco José Suniaga recogidas por la prensa española, ha devenido en “un gobierno de Maduro sin la presencia de Maduro”. La oposición agrupada en la Plataforma Unitaria había designado a Machado como interlocutora en el llamado Manifiesto de Panamá, hoja de ruta que reconoce el esquema de “estabilización, reconstrucción y transición” impulsado por Washington. El doble terremoto del 24 de junio, que evidenció las carencias del gobierno interino, intensificó los llamados para que la Nobel regrese al país, pero la administración estadounidense ha priorizado, según el subsecretario adjunto Luis Méndez, un entorno que impida su arresto. Mientras tanto, la presencia en el gabinete de Diosdado Cabello —ministro del Interior sancionado por narcotráfico y ahora señalado por reportes de prensa como colaborador de EE.UU.— ilustra las contradicciones de una transición que mantiene intactas las estructuras del chavismo.

El fallo judicial responsabiliza también a Cabello, al ministro de Agricultura Vladimir Padrino, al empresario Alex Saab —detenido en Miami por lavado de dinero— y al denominado Cártel de los Soles. La corte argumentó que Maduro “cometió actos de terrorismo internacional” y utilizó el secuestro de estadounidenses como moneda de cambio para liberar a criminales venezolanos. Desde la óptica de los demandantes, entre ellos Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, la sentencia representa un avance en la rendición de cuentas, aunque el proceso penal contra el exmandatario en Nueva York sigue su curso. El diálogo del 1 de agosto y la incógnita sobre el retorno de Machado mantienen abierto el dossier venezolano, con la fecha de unas eventuales elecciones aún sin definir y una oposición dividida entre quienes aceptan el formato de negociación avalado por Washington y quienes exigen el regreso de la líder que encarna el mandato electoral de 2024.