El gobierno de Estados Unidos anunció el 15 de julio la imposición de un arancel adicional del 25% sobre una amplia gama de importaciones brasileñas, con entrada en vigor el 22 de julio. La decisión, basada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, excluye productos sensibles como café, carne bovina, jugo de naranja y componentes aeronáuticos, pero afecta a etanol, maquinaria agrícola, calzado y manufacturados. Según estimaciones de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), la medida impacta alrededor de US$ 15.000 millones en exportaciones anuales y coloca a Brasil entre los países con mayor nivel de restricción para acceder al mercado estadounidense.

Desde Washington, la Oficina del Representante Comercial (USTR) justificó la acción al señalar prácticas brasileñas consideradas desleales, entre ellas el sistema de pagos Pix, barreras al etanol, deficiencias en el combate a la corrupción, protección insuficiente de la propiedad intelectual y el impacto del desmatamiento ilegal. El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de no negociar de buena fe y anteponer su ego al bienestar del pueblo brasileño. En Brasilia, el gobierno repudió la medida como un “marco lastimable” y negó las acusaciones, destacando que Estados Unidos acumuló un superávit de US$ 424.500 millones en bienes y servicios con Brasil en los últimos 15 años y que el 76% de las importaciones estadounidenses ingresaron al país sin arancel en 2025.

La industria brasileña reaccionó con preocupación. La CNI advirtió que 20 de los 27 estados ya registraron caídas en las exportaciones hacia Estados Unidos en el primer semestre, y la Fiesp criticó los “ruidos diplomáticos” del gobierno. Analistas en São Paulo señalaron que la medida agrava la pérdida de competitividad y genera incertidumbre para las cadenas de suministro. En el plano político, el tarifazo se insertó de lleno en la campaña electoral de octubre: el oficialismo acusó a la familia Bolsonaro de colaborar con Washington, mientras el senador Flávio Bolsonaro, precandidato opositor, responsabilizó a Lula por provocar a Trump. Una encuesta de Quaest indicó que el 51% de los brasileños coincide con la versión del presidente sobre la responsabilidad del senador en las tarifas.

Brasil anunció que activará la Ley de Reciprocidad, que permite imponer contramedidas comerciales, y recurrirá al mecanismo de solución de controversias de la OMC. Sin embargo, el USTR advirtió que cualquier represalia podría llevar a una ampliación de los aranceles. La puerta a nuevas negociaciones sigue abierta, pero el plazo es ajustado: las tarifas comienzan a aplicarse el 22 de julio, y aún está pendiente una investigación adicional sobre trabajo forzoso que podría sumar un 12,5% extra, elevando la tasa total al 37,5% para algunos productos. La evolución del diálogo bilateral y la reacción de los mercados en las próximas semanas definirán el alcance real de esta nueva escalada comercial.