Las autoridades de Bangladesh ejecutaron el embargo de activos por un valor total de 760.000 millones de takas (aproximadamente 6.200 millones de dólares) relacionados con la ex primera ministra Sheikh Hasina, su familia y diez conglomerados empresariales. La medida, comunicada el miércoles por la Unidad de Inteligencia Financiera (BFIU), abarca 570.000 millones de takas en propiedades dentro del país y otros 190.000 millones en el extranjero. El decomiso se enmarca en las 98 investigaciones abiertas tras la salida del poder de Hasina en 2024, cuando una revuelta estudiantil masiva puso fin a tres lustros de gobierno que sus detractores califican de autoritario y la obligó a refugiarse en India.

Desde Daca, el director de la BFIU, Ikhtiar Mohammad Mamun, precisó que los esfuerzos se concentran ahora en recuperar fondos presuntamente blanqueados en el exterior y anticipó “avances positivos” antes de fin de año. El ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, subrayó que el Ejecutivo interino ha solicitado formalmente la extradición de Hasina para que “el veredicto se cumpla” y sea la justicia la que determine si cabe apelación. La exmandataria, que ha sido condenada en rebeldía por corrupción y crímenes de lesa humanidad —con una sentencia de muerte incluida—, permanece en India y recientemente manifestó su intención de regresar a Bangladesh en los próximos meses.

Analistas en el sur de Asia observan que la magnitud de los bienes confiscados convierte este proceso en una prueba de fuego para la capacidad del Gobierno interino de hacer efectiva la rendición de cuentas. La recuperación de activos en el extranjero, sin embargo, depende de una cooperación bilateral que, según fuentes diplomáticas en Nueva Delhi, coloca a India en una posición delicada: debe equilibrar la solicitud judicial de Daca con su tradición de asilo político y los vínculos históricos con la familia Hasina. Para instituciones financieras internacionales, el éxito de la repatriación requerirá sortear largos procedimientos judiciales y demostrar el origen ilícito de los fondos en cada jurisdicción.

Desde una óptica latinoamericana, expertos en recuperación de activos señalan que el caso bangladesí evoca experiencias en la región —como los procesos contra exfuncionarios en Perú o Brasil— donde la coordinación multilateral y convenciones como la de Naciones Unidas contra la Corrupción resultaron determinantes. El dossier se encuentra ahora en una fase de consolidación de pruebas y negociaciones diplomáticas, mientras la BFIU mantiene abiertas las causas y el Gobierno interino espera una respuesta de India al pedido de extradición. La corte será, en última instancia, la que defina los márgenes de apelación y el destino judicial de la ex primera ministra.