El Gobierno británico anunció este jueves la nacionalización de British Steel, con efecto inmediato, después de que la Ley de Nacionalización de la Industria del Acero de 2026 recibiera sanción real. La medida transfiere al control público la planta de Scunthorpe, en el norte de Inglaterra, y asegura la continuidad de los últimos altos hornos del país capaces de producir acero virgen a partir de materias primas. La decisión se produce tras meses de intervención estatal y ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el anterior propietario, el grupo chino Jingye, que había anunciado su intención de cerrar esas instalaciones, poniendo en riesgo 2.700 empleos directos y miles de puestos en la cadena de suministro.

Desde Londres, el primer ministro Keir Starmer enmarcó la operación en la defensa del interés nacional y la protección de una capacidad industrial considerada vital para grandes proyectos de construcción, infraestructuras de transporte y el sector de defensa. El secretario de Negocios, Peter Kyle, subrayó que la empresa pasa a pertenecer al pueblo británico y que el foco se sitúa en estabilizar el negocio, respaldar a las comunidades dependientes y construir un sector siderúrgico descarbonizado y competitivo. Un equipo directivo de nueva designación, encabezado por el consejero delegado interino Allan Bell, asume el mandato de transformar la compañía en una empresa comercialmente sostenible y de bajas emisiones. La oposición conservadora, por boca del ministro de Empresa en la sombra, Andrew Griffith, advirtió que un cheque en blanco con dinero de los contribuyentes no es la solución y vinculó los problemas del sector a los elevados costes energéticos.

La nacionalización se inscribe en una estrategia siderúrgica más amplia aprobada en marzo, que fija el objetivo de que hasta el 50 % del acero utilizado en el Reino Unido sea de producción nacional. En paralelo, el Ejecutivo redujo un 51 % los contingentes de importación exentos de aranceles y concedió una ayuda de 500 millones de libras a la india Tata Steel para la transformación ecológica de su planta de Port Talbot, en Gales. Los sindicatos británicos acogieron favorablemente la medida, señalando que aporta estabilidad a una industria que ha atravesado numerosas dificultades. Mientras, Jingye, que adquirió British Steel en 2020 y afirma haber invertido más de 1.200 millones de libras, ha manifestado su intención de reclamar una compensación que, según informaciones de prensa, podría ascender hasta los 1.000 millones de libras; un tasador independiente determinará si corresponde indemnización y en qué cuantía.

El contexto económico añade presión a la decisión. La economía británica rebotó ligeramente en mayo, con un crecimiento del 0,1 % impulsado por el sector servicios, tras una contracción del 0,1 % en abril atribuida al impacto inflacionario de la guerra entre Estados Unidos e Irán. La OCDE proyecta una desaceleración del crecimiento del PIB del 1,4 % en 2025 al 0,9 % este año, antes de una recuperación hasta el 1,1 % en 2027. En el plano político, Starmer dimitió como primer ministro y líder laborista el mes pasado, acosado por escándalos y giros de política económica, y será sustituido el lunes por Andy Burnham. El siguiente hito concreto será la evaluación independiente sobre la compensación a Jingye y la presentación del plan de estabilización por parte del nuevo equipo gestor.