Elon Musk reconoció haberse "dejado llevar" y haberse involucrado "demasiado en la política" durante su gestión al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) en la administración de Donald Trump, justo cuando la agencia cesó operaciones en medio de demandas y estimaciones de que los recortes a la ayuda exterior pudieron haber causado cientos de miles de muertes. La admisión, realizada en una entrevista con The Economist, se produce tras 18 meses de drásticas reducciones de gasto que incluyeron la salida de más de 272.000 empleados federales y el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El mecanismo de recorte ejecutado por DOGE se apoyó en una orden ejecutiva del primer día de gobierno y en la premisa de eliminar despilfarro y fraude. Las acciones incluyeron la cancelación de subvenciones para investigación sanitaria y proyectos culturales, y la reestructuración de servicios esenciales como la Seguridad Social. Musk defendió cada una de estas medidas y calificó a USAID como "una organización política" y "la mayor financiadora de cambios de régimen". Investigadores en salud pública de Estados Unidos y análisis publicados en revistas como The Lancet estiman que la asistencia de USAID salvó 92 millones de vidas en dos décadas y que su interrupción habría provocado muertes prevenibles por enfermedades infecciosas y desnutrición, especialmente en niños. Musk rechazó esas cifras y afirmó que "cero" personas murieron por los recortes, insinuando que las críticas son narrativas para restaurar fondos.

Más allá del balance de daños, la entrevista ofreció un vistazo a las proyecciones tecnológicas del empresario. Según Musk, en cinco años la inteligencia artificial superará la inteligencia humana combinada, en diez años los robots harán que el dinero sea irrelevante y en veinte se desatará una guerra civil en el Reino Unido. En paralelo, admitió las enormes dificultades para materializar su robot humanoide Optimus: Tesla debe crear desde cero una cadena de suministro y superar retos de destreza, durabilidad y escalado productivo que ningún fabricante ha logrado.

La experiencia de DOGE no pasó inadvertida en Europa. En Suecia, el gobierno conservador planteó una "comisión contra el despilfarro" con la meta de ahorrar 70.000 millones de coronas, aunque figuras como la ministra de Finanzas, Elisabeth Svantesson, descartaron un recorte al estilo "motosierra" y prometieron un enfoque serio y transparente. Analistas en Estocolmo señalan que el debate trasciende las finanzas y roza la línea entre eficiencia y desmantelamiento del Estado, mientras otros actores políticos proponen incluso un ministro de racionalización.

Aunque DOGE finalizó su operación el 4 de julio, los litigios que acusan a la agencia de abusos inconstitucionales siguen su curso. El hito inmediato es la resolución de esas demandas y la publicación de informes independientes que precisen el impacto humanitario de los recortes. Mientras tanto, Musk mantiene su posición como el hombre más rico del mundo y aspira a que sus empresas, de cohetes reutilizables a robots humanoides, definan el próximo capítulo tecnológico.