Una operación interinstitucional en el estado de São Paulo expuso un esquema de fraude fiscal que, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y el Ministerio Público estadual, generó un perjuicio de al menos 3.800 millones de reales a las arcas públicas. La denominada Operación Distrato, ejecutada el 15 de abril, incluyó 38 allanamientos en seis ciudades de São Paulo y Paraná y apuntó contra bufetes de abogados, consultorías y empresas que habrían comercializado créditos falsos del Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS). Las autoridades paulistas señalaron que 870 compañías registraron movimientos sospechosos y que algunas redujeron sus pagos mensuales de impuestos de millones de reales a valores ínfimos tras adquirir los créditos irregulares.

De acuerdo con la investigación, los despachos jurídicos ofrecían a grandes empresas un supuesto planeamiento tributario basado en la compra de créditos de ICMS originados en firmas fallidas, expropiaciones o litigios antiguos. Para dar apariencia de legalidad, los implicados falsificaban autorizaciones oficiales, simulaban videoconferencias con actores que se hacían pasar por auditores fiscales e incluso presentaban pólizas de seguro y comprobantes de pago de multas inexistentes. La legislación paulista prohíbe la venta de créditos de ICMS y solo permite su transferencia mediante sistemas oficiales y con autorización previa de la Secretaría de Hacienda. Auditores fiscales consultados por la prensa brasileña explicaron que cualquier operación ofrecida fuera de esos canales constituye un indicio de irregularidad.

El caso de São Paulo se inscribe en un contexto regional de operativos contra delitos económicos y comerciales. En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Agencia Nacional de Aduanas aseguraron 28.800 piezas de ropa deportiva presuntamente apócrifas en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a solicitud de Adidas AG. La medida, valorada en 2,88 millones de pesos, se amparó en la Ley Federal de Protección Industrial y forma parte de la llamada Operación Limpieza, con la que el gobierno mexicano busca frenar el ingreso de mercancías que vulneran derechos de marca y afectan la economía formal. En Argentina, la Unidad de Delitos Económicos Complejos de Salta realizó seis allanamientos en el marco de una causa por presuntas estafas reiteradas que, según la fiscalía, presentan características compatibles con un esquema Ponzi. Los investigados habrían captado inversiones millonarias con la promesa de rentas en dólares mediante la compra y alquiler de vehículos, utilizando los aportes de nuevos participantes para pagar a los primeros inversores.

Analistas en São Paulo advierten que la Operación Distrato representa solo una etapa de las pesquisas y que la práctica podría haberse replicado en otros estados brasileños, con perjuicios adicionales aún no cuantificados. La fuerza-tarea paulista, integrada por la Secretaría de Hacienda, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado, continuará con el análisis de los documentos incautados para determinar si las empresas compradoras actuaron de buena fe o con conocimiento de la ilicitud. En paralelo, las autoridades mexicanas mantienen la mercancía bajo resguardo mientras se define su situación jurídica, y en Salta la fiscalía solicitó la detención de dos sospechosos y la prohibición de salida del país para los tres involucrados. Los tres frentes comparten un denominador común: el uso de estructuras sofisticadas para simular legalidad y el consiguiente desafío que representan para los sistemas de fiscalización y control en América Latina.