El presidente de Hungría, Tamás Sulyok, firmó este sábado la decimoséptima enmienda a la Constitución, un texto que ordena el cese inmediato de su mandato y que había sido aprobado por el Parlamento a principios de semana. La rúbrica despeja la incertidumbre institucional y activa un mecanismo sucesorio de urgencia: la presidencia será asumida de forma interina por la titular del Legislativo, Ágnes Forsthoffer, y la cámara dispondrá de treinta días para elegir a un nuevo jefe de Estado. El gesto de Sulyok se produjo en el último de los cinco días de plazo de que disponía, bajo la amenaza explícita del Gobierno de someterlo a un proceso de destitución si se negaba.

Desde la jefatura del Estado, Sulyok justificó su decisión alegando que carecía de herramientas constitucionales para oponerse a una reforma que, sin embargo, calificó de “sin precedentes”, “vergüenza” y contraria a los principios del Estado de derecho, la democracia y la división de poderes. En un mensaje difundido por redes sociales, el mandatario saliente —elegido en 2024 con los votos del partido Fidesz— denunció que la enmienda convierte al presidente en un cargo “a merced del Ejecutivo y de la política”. Analistas en Budapest interpretan la firma como una admisión de impotencia jurídica ante la mayoría calificada de dos tercios que el partido Tisza, del primer ministro Péter Magyar, obtuvo en las elecciones de abril.

El primer ministro Magyar, que derrotó de forma contundente a Orbán tras dieciséis años de gobierno, enmarca la destitución en una estrategia de “desorbanización” del Estado. Según fuentes gubernamentales citadas por medios centroeuropeos, la enmienda es solo un paso transitorio hacia una nueva Constitución que se redactará en el plazo de un año. El texto aprobado incluye además la jubilación automática de los jueces constitucionales al cumplir setenta años —lo que afecta al presidente del tribunal, el leal a Orbán Péter Polt—, un límite de doce años al mandato de los diputados y la creación de una oficina para investigar abusos financieros durante la administración anterior. Desde la óptica de Bruselas, estas medidas son observadas con cautela: si bien Magyar se presenta como proeuropeo, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han advertido que ciertos procedimientos recuerdan a las prácticas del periodo de Fidesz.

En la oposición, el ex primer ministro Viktor Orbán reaccionó con un mensaje de tono apocalíptico: “La tiranía ya no es una amenaza, es una realidad” y “la última barrera ha caído”. Orbán, que se encuentra en Estados Unidos asistiendo a la fase final del Mundial de fútbol, llamó a sus seguidores a “resistir” y calificó la reforma de autocrática, un argumento que sus críticos le reprocharon haber ignorado durante su propio mandato. El partido Fidesz boicoteó la votación parlamentaria y ha organizado protestas callejeras. La presidencia húngara, un cargo con funciones mayoritariamente protocolarias pero con capacidad de veto sobre leyes ordinarias, queda ahora vacante a la espera de que el Parlamento, controlado por Tisza, designe a un sucesor afín al nuevo ciclo político.