La mañana del sábado, frente al tribunal municipal de Kenilworth, Nueva Jersey, una multitud se congregó con cornetas de plástico, silbatos y un tambor. Algunos llevaban tizas de colores para pintar las aceras; otros, pancartas con leyendas como “You think this is pressure? Wait ’til there’s no water pressure” (“¿Crees que esto es presión? Espera a que no haya presión de agua”). El proyecto que los convocaba era un centro de datos de inteligencia artificial valorado en 1.800 millones de dólares, aprobado por la junta de planificación local el año anterior. Cuando la lluvia arreció, los manifestantes se cubrieron con ponchos y compartieron paraguas, pero no dejaron de corear consignas ni de marchar.

Esa escena se repitió en 142 puntos de 42 estados, en la primera jornada nacional de protesta contra los centros de datos organizada por HumansFirst, un grupo conservador de base. La convocatoria trascendió las líneas partidistas: hubo manifestaciones en Texas, Georgia, California y hasta en Wasilla, Alaska. El movimiento no es exclusivo de Estados Unidos. En Canadá, los habitantes de Olds, Alberta, se movilizan contra un campus de diez edificios con generación eléctrica a gas; en Hamilton, Ontario, cientos de personas salieron a la calle en junio para frenar un proyecto en la ribera del lago. En Japón, Yoriko Kitagawa, de 94 años, residente de Hino, un suburbio de Tokio, calificó de “horrible” el centro de datos que se levanta cerca de su casa, mientras que en Vancouver una protesta en junio reunió a opositores de la apertura de instalaciones dedicadas a la IA.

Los centros de datos se han convertido en el rostro físico de una tecnología que, según sus promotores, promete avances científicos y económicos sin precedentes. El analista canadiense David Coletto los describió como “el avatar físico de la IA”: un espacio de hormigón y acero que consume electricidad, agua y genera ruido. Esa materialidad es la que despierta recelos. Una encuesta reciente en Canadá reveló que el 81% de los ciudadanos teme que estas instalaciones disparen sus facturas de luz y el 79% se preocupa por su impacto ambiental. Mientras tanto, desde los despachos financieros de Wall Street se advierte de una espiral de costos: según cálculos de la banca de inversión neoyorquina, el precio de construir un gigavatio de capacidad para IA ha subido un 20%, y los analistas estiman que entre un 20% y un 30% del próximo aumento de inversión de las grandes tecnológicas corresponderá a inflación, no a expansión real.

La inquietud no se limita al ámbito local. Alex Karp, consejero delegado de Palantir —cuya fortuna personal ronda los 15.000 millones de dólares—, advirtió en un podcast que la IA podría multiplicar por veinte su patrimonio mientras los ingresos de la clase media apenas se duplicarían, generando un “desacoplamiento total entre la riqueza inimaginable y la riqueza normal”. En Washington, la administración estadounidense lanzó el programa Gold Eagle para regular el acceso de las empresas a los modelos de IA más avanzados, y el Departamento de Justicia negocia con Apple un acuerdo para cerrar una demanda antimonopolio. En Moscú, la portavoz de Exteriores calificó a Palantir de “una de las mayores amenazas al mundo moderno”. Las protestas del sábado, sin embargo, no pedían regulaciones globales ni impuestos a los milmillonarios: reclamaban transparencia, salvaguardas ambientales y que los promotores rindan cuentas. Mientras la lluvia borraba lentamente las consignas de tiza en la acera de Kenilworth, el hormigón y el acero de los nuevos centros de datos seguían alzándose, silenciosos, a la espera de más electricidad y más agua.