El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha confirmado que su administración mantiene una “conversación activa” con el departamento jurídico de la ciudad para evaluar si dispone de autoridad legal para ordenar a la policía local la detención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante su prevista participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. En una entrevista con The New York Times, Mamdani calificó a Netanyahu de “criminal de guerra” y afirmó que “su lugar está en La Haya”, en referencia a la orden de arresto emitida en noviembre de 2024 por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza. El regidor, de la izquierda del Partido Demócrata, admitió no tener certeza sobre sus competencias y aseguró que no redactará nuevas normas para ese fin, sino que se limitará a lo que la legislación vigente permita.

La iniciativa ha desatado una inmediata réplica de las autoridades israelíes. El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, acusó a Mamdani de “incitar a la hostilidad” y desatender la creciente ola de antisemitismo en la ciudad, al tiempo que garantizó que Netanyahu acudirá a la Asamblea General para “exponer la verdad de Israel”. El propio primer ministro, en una entrevista radiofónica, acusó al alcalde de apoyar al grupo Hamás y afirmó que, “en secreto, odia a Estados Unidos”. El cónsul general israelí en Nueva York, Ofir Akunis, subrayó que Mamdani carece de toda autoridad en materia de relaciones exteriores. Desde la óptica de analistas jurídicos en Washington, la posibilidad de que una autoridad municipal ejecute una orden de la CPI contra un jefe de gobierno en visita oficial choca con la arquitectura constitucional estadounidense, que reserva la política exterior al gobierno federal, y con el Acuerdo de Sede de la ONU de 1947, que obliga a facilitar el acceso de los representantes de los Estados miembros.

El debate se inscribe en un contexto de fricción creciente entre Washington y la CPI. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma y, por tanto, no reconoce la jurisdicción del tribunal. La administración del presidente Donald Trump ya calificó en el pasado las amenazas de Mamdani de “inapropiadas” y advirtió que intervendría para impedir cualquier arresto. Recientemente, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una ampliación de las sanciones contra la Corte, a la que acusó de representar una “amenaza intolerable a la soberanía estadounidense”. En América Latina, donde países como Brasil, Argentina o México son Estados parte del Estatuto, la situación ha reavivado el debate sobre la obligación de cooperar con el tribunal: en 2023, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llegó a cuestionar la pertenencia de su país a la CPI, mientras que otras capitales de la región han reiterado su compromiso con el mandato de la Corte.

La consulta legal en Nueva York se produce en un momento de reconfiguración de posturas dentro del Partido Demócrata, donde casi la mitad de los representantes en la Cámara votaron recientemente a favor de suspender la ayuda militar a Israel. Mamdani, que durante su campaña electoral prometió hacer cumplir las órdenes de la CPI también contra el presidente ruso, Vladímir Putin, ha convertido la defensa de la causa palestina en un eje de su plataforma. El estado del expediente queda a la espera del dictamen de los servicios jurídicos municipales, mientras Israel mantiene su intención de que Netanyahu pronuncie su discurso ante la Asamblea General sin contratiempos. La cita de septiembre se perfila así como un nuevo escenario de tensión entre la diplomacia internacional, la justicia penal global y los límites del poder local.