La Corte Constitucional de Colombia estableció un nuevo estándar para la autorización de cirugías plásticas reconstructivas. Mediante la Sentencia T-152 de 2026, el alto tribunal determinó que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no podrán rechazar este tipo de intervenciones sin antes realizar una valoración médica completa que incluya tanto las afectaciones físicas como las psicológicas del paciente. El fallo se originó en el caso de una mujer de 37 años que, tras una cirugía bariátrica, desarrolló exceso de piel que le generaba dolor crónico, irritación y un deterioro emocional diagnosticado como depresión. Los comités previos, integrados únicamente por cirujanos plásticos, habían negado el procedimiento sin considerar los diagnósticos de salud mental, una práctica que la Corte consideró contraria al derecho fundamental a la salud y al principio de integralidad en el diagnóstico.

La decisión judicial se produce en un momento de creciente presión sobre los sistemas de salud para garantizar el acceso oportuno a procedimientos quirúrgicos, tanto reconstructivos como estéticos. En Colombia, la Superintendencia Nacional de Salud requirió a las cuatro mayores EPS —Nueva EPS, Sanitas, Sura y Salud Total, que concentran cerca de 28 millones de afiliados— para que implementen de inmediato un plan de acción que reduzca las demoras en la asignación de citas médicas. La medida responde a un incremento de quejas durante julio, en un contexto agravado por la temporada de enfermedades respiratorias. Mientras tanto, en Canadá, una paciente de Corner Brook vio cómo su cirugía de reducción de senos, originalmente programada para 2024, fue postergada hasta agosto de 2028 tras al menos cuatro reprogramaciones, lo que ilustra las listas de espera extremas que pueden enfrentar los procedimientos no urgentes en sistemas públicos de salud.

En contraste con estos esfuerzos regulatorios, la explosión de cirugías estéticas en Asia Central revela los riesgos de un mercado con escasa supervisión estatal. Desde Biskek y Almaty se reporta un auge de procedimientos impulsado por redes sociales, donde clínicas y salones de belleza promocionan intervenciones a bajo costo. Las consecuencias incluyen desde heridas abiertas y deformaciones hasta fallecimientos, como el de una bloguera kazaja tras una liposucción. Autoridades kirguisas han reconocido que más de 1.300 empresas operan ilegalmente y han iniciado inspecciones, pero la reincidencia es frecuente. Cirujanos locales advierten que muchos esteticistas realizan actos quirúrgicos sin la formación adecuada, mientras los pacientes, atraídos por imágenes idealizadas, rara vez obtienen reparación legal efectiva.

Frente a este panorama, la experiencia de Lombardía, en Italia, ofrece un modelo de gestión de listas de espera que empieza a mostrar resultados. El asesor de Bienestar regional informó que el 81% de las prestaciones ambulatorias urgentes en el área metropolitana de Milán se entregan ya dentro de los diez días previstos, una mejora de diez puntos porcentuales desde marzo. La implementación de una central única de reservas (CUP) avanza con el 74% de las prestaciones públicas ya integradas, y se espera completar la adhesión de las estructuras privadas acreditadas para finales de 2026. El próximo hito en Colombia será la verificación del cumplimiento de las órdenes de la Superintendencia y la conformación de los comités interdisciplinarios exigidos por la Corte, mientras en Asia Central la atención se centra en si las inspecciones lograrán desmantelar los establecimientos clandestinos que siguen operando pese a las sanciones.