La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México emitió un fallo que valida las restricciones a actividades en terrenos ejidales dentro de la reserva de Yum Balam, en Quintana Roo, con el fin de proteger el equilibrio ecológico. El tribunal determinó que las limitaciones al uso de parcelas no eliminan la propiedad ejidal, sino que constituyen medidas legítimas de interés público. En una decisión paralela, el mismo pleno invalidó diversos permisos estatales para el traslado y exportación de ganado en Nayarit, al considerar que esas autorizaciones invadían facultades federales en materia de salubridad general. Según el comunicado oficial, la Corte subrayó que los estados no pueden imponer controles previos que obstaculicen la movilización pecuaria, reafirmando así la preeminencia de la Federación en este ámbito.

En otra resolución, la Suprema Corte mexicana fortaleció los derechos de las víctimas en el sistema de justicia para adolescentes, al declarar inconstitucional una norma de Yucatán que impedía a la parte ofendida impugnar sentencias absolutorias en igualdad de condiciones que la persona procesada. El fallo, adoptado por unanimidad, establece que las reglas especializadas para menores no pueden anular el acceso de las víctimas a un recurso efectivo. Desde Brasilia, la Cámara de Diputados de Brasil avanzó en una dirección similar al aprobar en su Comisión de Constitución y Justicia una propuesta de enmienda constitucional que convierte en imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de 12 años. La relatora argumentó que la medida amplía la tutela de la dignidad e integridad sexual infantil sin suprimir derechos fundamentales.

En Colombia, el gobierno sancionó la Ley 2590 de 2026, que endurece las penas por reclutamiento ilícito de menores y obliga a priorizar territorios en riesgo identificados por la Defensoría del Pueblo. La norma impone penas de 18 a 30 años de prisión para quien induzca o utilice a menores en actividades delictivas, y crea un observatorio nacional y un protocolo para bloquear contenidos digitales de reclutamiento. La Defensoría, si bien celebró la ley, condicionó su impacto real a que el gobierno entrante de Abelardo De la Espriella reglamente y financie los instrumentos previstos, como la actualización de la política pública de prevención y el fortalecimiento de la infraestructura escolar en municipios de alto riesgo. La entidad reportó 51 casos de reclutamiento forzado entre enero y mayo de 2026, con una sobrerrepresentación de niños indígenas y afrodescendientes.

En Indonesia, la diputada Amelia Anggraini exigió garantías de recuperación integral para una adolescente víctima de violación por parte de decenas de hombres en Sampang, Java Oriental. La legisladora subrayó que el Estado debe asegurar la continuidad educativa y el apoyo psicosocial de la víctima, más allá de la persecución penal. La policía local ha detenido a 12 de los 27 sospechosos y, según fuentes oficiales, equipos de la policía regional y de servicios sociales han iniciado atención psiquiátrica a la afectada. El caso ha movilizado a instituciones como la Comisión Nacional de Protección Infantil, que lo calificó como reflejo de una crisis de cuidado y de la influencia del entorno digital.

El conjunto de decisiones y normas refleja, desde distintas jurisdicciones, un movimiento institucional hacia la ampliación de garantías para víctimas y la delimitación de competencias entre niveles de gobierno. La enmienda brasileña deberá ser analizada por una comisión especial antes de llegar al plenario; en Colombia, el nuevo gobierno deberá reglamentar la ley en el plazo de un año; y en México, los criterios de la Suprema Corte sientan jurisprudencia para futuros litigios sobre propiedad social y derechos procesales.