El régimen iraní ejecutó en la madrugada del domingo a Erfan Esfandiari, de 19 años, y Gol-Mohammad Mohammadi, de 24 y de nacionalidad afgana, como parte de la ola de ahorcamientos contra participantes en las protestas antigubernamentales de enero. Según confirmó la agencia oficialista de noticias del poder judicial, la sentencia se aplicó en la prisión de Dastgerd, en Isfahán, y otros diez acusados del mismo expediente —conocido como el caso de la plaza Ali Khani— aguardan su ejecución tras la ratificación de sus condenas por el Tribunal Supremo.

De acuerdo con la versión judicial difundida por medios estatales, ambos fueron declarados culpables de “crear disturbios violentos y armados” durante la jornada del 18 de Dey (8 o 9 de enero), en la que cuatro agentes de las fuerzas de seguridad perdieron la vida. La acusación detalla que los condenados ataron a los policías a una señal de tráfico, los golpearon con piedras, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego, grabando después la escena para enviarla a canales de televisión extranjeros. Las autoridades insisten en que las protestas formaron parte de un “golpe de Estado americano-sionista” y que los detenidos portaban armas de fuego, cuchillos y cócteles molotov.

Organizaciones internacionales de derechos humanos y Naciones Unidas han denunciado un fuerte deterioro de las garantías procesales en estos casos. Desde la óptica de ONG como Amnistía Internacional y la opositora Iran Human Rights (con sede en Noruega), las condenas se sustentan en confesiones obtenidas bajo tortura y en juicios sumarios sin acceso real a abogados independientes. La relatora especial de la ONU para los derechos humanos en Irán había advertido en junio que los ahorcamientos se estaban utilizando como “instrumento de represión política”, una tendencia que, según datos de las mismas fuentes, alcanzó en 2025 un máximo histórico de al menos 1.639 ejecuciones, la cifra más alta desde 1989, situando a Irán solo por detrás de China en aplicación de la pena capital.

La secuencia de los hechos se remonta a finales de diciembre, cuando una ola de descontento por el coste de la vida derivó en movilizaciones masivas que el poder judicial califica de “actos terroristas” instigados por Washington y Tel Aviv. La represión gubernamental, que incluyó fuego real contra los manifestantes según entidades de derechos humanos, causó más de 3.000 muertos, de acuerdo con las cifras oficiales que atribuyen toda la violencia a los disturbios. Este endurecimiento se aceleró tras el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. El presidente del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, ha pedido reiteradamente a los fiscales que actúen “sin indulgencia” y con celeridad contra los arrestados en las protestas de Dey o desde el comienzo del conflicto.

El caso de la plaza Ali Khani sigue abierto: diez condenados a muerte han sido trasladados a celdas de aislamiento, lo que los grupos de derechos humanos interpretan como preludio de ejecuciones inminentes. Las próximas decisiones de la judicatura de Isfahán, bajo la supervisión del Tribunal Supremo, mantendrán la atención internacional sobre la acelerada maquinaria de ejecuciones en Irán, mientras las campañas de abogados y familiares exigen desde el extranjero la suspensión de las penas capitales.