El presidente de Hungría, Tamás Sulyok, firmó este sábado la decimoséptima enmienda a la Constitución, un texto que decreta el fin inmediato de su propio mandato y que había sido aprobado por el Parlamento a principios de semana. La rúbrica, realizada en el último de los cinco días de plazo legal, despeja el camino para que la presidenta de la Cámara, Ágnes Forsthoffer, asuma de forma interina la jefatura del Estado a partir del lunes, mientras los diputados eligen a un nuevo presidente en un máximo de treinta días. La decisión se produce en un contexto de reconfiguración del poder tras la victoria electoral de abril de la coalición conservadora y proeuropea Tisza, que puso fin a dieciséis años de gobiernos encabezados por el nacionalista Viktor Orbán.

Desde el Ejecutivo, el primer ministro Péter Magyar ha presentado la enmienda como un paso necesario para desmantelar lo que describe como el “sistema Orbán”. En declaraciones recogidas por medios europeos, Magyar celebró la firma afirmando que “el último obstáculo para que nuestras decisiones conjuntas surtan efecto ha sido eliminado” y subrayó que la reforma devuelve a los ciudadanos la certeza de que el poder puede ser limitado y los bienes públicos recuperados. Sulyok, elegido en 2024 con los votos del partido Fidesz, calificó la enmienda de “vergüenza sin precedentes” y de “abuso del poder político”, pero reconoció que la ley fundamental no le otorgaba margen para bloquearla. El ex primer ministro Orbán, desde Estados Unidos, reaccionó en términos dramáticos: “La tiranía ya no es una amenaza, sino una realidad. Si esto se le pudo hacer al presidente, mañana nadie estará a salvo”.

La reforma constitucional no se limita a la destitución presidencial. Según el texto legislativo, se restablece la edad de jubilación forzosa de setenta años para los magistrados del Tribunal Constitucional, lo que implica la salida inmediata de su presidente, Peter Polt, considerado un aliado clave de Orbán. Además, se introducen límites de doce años al mandato de los parlamentarios —una medida que, de acuerdo con analistas en Budapest, impediría a Orbán volver a presentarse como candidato a partir de 2030— y se crea una Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos con amplias facultades para investigar presuntos casos de corrupción durante la administración anterior. El Gobierno de Magyar ha enmarcado estas disposiciones como un primer paso hacia una nueva Constitución que será elaborada en el plazo de un año.

Desde la óptica de Bruselas, la reforma ha sido observada con cautela. La Comisión de Venecia del Consejo de Europa había sido llamada a pronunciarse sobre la compatibilidad de la enmienda con el Estado de derecho, mientras que organizaciones como Human Rights Watch señalaron que los procedimientos recuerdan a los utilizados durante la era Fidesz. En Washington, fuentes diplomáticas han evitado comentar directamente el relevo presidencial, aunque siguen con atención el proceso de “desorbanización” emprendido por Magyar. El Parlamento húngaro deberá ahora iniciar el proceso de selección del nuevo jefe del Estado, un cargo de perfil protocolario pero con capacidad de veto sobre leyes ordinarias, en un clima de fuerte polarización y con la oposición de Fidesz denunciando la instauración de un “régimen autocrático”.