La última evaluación de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) revela que, entre mediados de abril y finales de junio de 2026, más de 1,2 millones de personas —el 59 % de la población de Gaza— se encontraban en situación de crisis alimentaria o peor. La proyección para el período julio-diciembre de 2026 indica que 1,4 millones de personas (el 67 %) podrían enfrentar niveles agudos de hambre, un aumento respecto al período anterior y un retroceso frente a la mejora observada tras el alto el fuego de octubre de 2025, cuando la proporción pasó del 77 % al 59 %.

El mecanismo que explica esta montaña rusa es el flujo de ayuda humanitaria y la actividad comercial. La tregua permitió un aumento significativo de los suministros de alimentos y los servicios de nutrición, lo que redujo la malnutrición aguda, especialmente en niños. Sin embargo, la IPC subraya que estas mejoras son frágiles: dependen de una asistencia sostenida que ahora se está recortando por falta de fondos. Los programas de alimentación suplementaria para mujeres embarazadas y lactantes redujeron a la mitad sus beneficiarios entre enero y mayo de este año. A ello se suman las restricciones impuestas por Israel, que mantiene bajo control militar más de la mitad del territorio y desplaza progresivamente hacia el oeste la llamada “línea amarilla”, una frontera móvil que limita el acceso de la población a sus hogares, tierras de cultivo y servicios básicos. Solo el 3 % de las tierras agrícolas de Gaza es actualmente utilizable, y persisten los bloqueos a la importación de insumos agrícolas como semillas o fertilizantes.

Desde la óptica de las agencias de Naciones Unidas (FAO, UNICEF y PMA), 74.000 niños menores de cinco años necesitarán tratamiento por malnutrición aguda en los próximos doce meses, y cualquier interrupción en la cadena de suministro podría disparar las cifras. Las autoridades israelíes, a través de COGAT, el organismo militar que supervisa la ayuda, rechazaron los hallazgos del informe como sesgados y aseguraron que han permitido la entrada de grandes cantidades de alimentos, acusando a Hamás de desviar suministros. Organizaciones con presencia sobre el terreno, como Médicos Sin Fronteras, vinculan la crisis alimentaria con la ocupación y la destrucción deliberada del sistema de salud palestino, y denuncian que desde el inicio del alto el fuego han muerto más de 1.185 personas por fuego israelí en Gaza, mientras en Cisjordania se acelera la fragmentación territorial y la violencia de los colonos.

El siguiente hito a vigilar será la evolución de la financiación humanitaria y la presión internacional para que se levanten las restricciones a la entrada de bienes comerciales y agrícolas. Sin un acceso sostenido y sin la reactivación del sector privado, la población gazatí —confinada en un espacio cada vez más reducido y dependiente de la ayuda— seguirá enfrentándose a niveles de inseguridad alimentaria aguda.