El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el jueves una nueva política de restricción de visados dirigida a extranjeros vinculados con grupos terroristas de extrema izquierda y encabezó una conferencia ministerial en Washington con delegados de 66 países. La medida, amparada en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, busca impedir la entrada a quienes financien, recluten o faciliten actos de violencia política, sabotaje económico o actividades delictivas de esas redes. En paralelo, el Departamento de Estado confirmó que se preparan nuevas designaciones de organizaciones terroristas extranjeras, tras haber señalado ya a cuatro colectivos europeos —entre ellos el grupo alemán Antifa Ost y la Federación Anarquista Informal italiana— y ofrecer recompensas de hasta diez millones de dólares por información sobre su financiamiento.

Desde la óptica de la administración Trump, la ofensiva responde a un “punto ciego” en la doctrina antiterrorista global. Rubio sostuvo que la atención prioritaria al extremismo yihadista en las últimas dos décadas dejó sin respuesta el resurgimiento de una violencia de izquierda que, a su juicio, opera con redes transnacionales, comparte tácticas y recibe apoyo de Estados hostiles como Cuba e Irán. En su discurso inaugural, el secretario de Estado citó atentados recientes en Europa —sabotajes ferroviarios en Francia, ataques incendiarios en Grecia y Alemania— y recordó a grupos insurgentes latinoamericanos de los años setenta y ochenta, como Montoneros, Tupamaros, las FARC y Sendero Luminoso, para argumentar que la amenaza no es nueva sino que se ha subestimado. El vicejefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, calificó a los militantes de izquierda como un “cáncer” y afirmó que el movimiento antifa se ha globalizado con redes comunes de financiación.

En sectores demócratas del Congreso y organizaciones de derechos civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) se advierte, sin embargo, que la iniciativa corre el riesgo de politizar la lucha antiterrorista y desviar recursos de amenazas más letales. Once legisladores enviaron una carta a Rubio en la que califican la estrategia de “partidista” y alertan sobre la posibilidad de que las designaciones se utilicen para perseguir protestas legítimas u opositores políticos. Analistas de centros de estudios como el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) reconocen un incremento de los ataques de extrema izquierda en la última década, pero subrayan que esa violencia partió de niveles muy bajos y sigue siendo muy inferior a la perpetrada por grupos de derecha radical y yihadistas. Un informe del CSIS de 2025 señaló que, aunque los incidentes de izquierda superaron por primera vez en treinta años a los de la ultraderecha, la magnitud histórica de la violencia derechista continúa siendo mayor.

La conferencia, que congregó a delegaciones de Europa, Asia y América Latina —entre ellas Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Paraguay—, fue interpretada en las capitales de la región como un intento de Washington de construir un frente diplomático amplio. La cancillería letona, por ejemplo, valoró el foro como un espacio para debatir también amenazas híbridas respaldadas por Rusia. No obstante, en ámbitos académicos y periodísticos europeos persiste el escepticismo sobre la existencia de una amenaza cohesionada de “terrorismo de izquierda” comparable a la yihadista. El Departamento del Tesoro anunció que ampliará las investigaciones sobre el uso de estructuras benéficas y sin fines de lucro para ocultar influencia extranjera y financiar violencia. Está previsto que en los próximos meses se celebre un segundo taller conjunto con Alemania para seguir perfilando la arquitectura de cooperación internacional.