La comisión ministerial para los asuntos del Shin Bet —el servicio de seguridad interior israelí— aprobó este jueves un paquete de protección personal ampliada para el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y su núcleo familiar. El acuerdo concede al mandatario custodia vitalicia; a su esposa, Sara Netanyahu, escolta permanente mientras viva su marido, con posibilidad de prórroga ulterior, y a sus hijos Yair y Avner, seguridad estatal durante cinco años tras el fin de su mandato. La decisión, que se aplicará con independencia del resultado de las elecciones legislativas del 27 de octubre, se adoptó a partir de la recomendación directa del jefe del Shin Bet, David Zini, antiguo secretario militar de Netanyahu, y en contra del criterio manifestado por sectores profesionales del propio organismo y de otros estamentos de la defensa.

Desde la óptica de los servicios de seguridad israelíes, la medida ha suscitado un rechazo inmediato. Yaron Blum, excoordinador de asuntos de rehenes del Shin Bet, calificó la extensión de la protección a dos décadas —en alusión a la cobertura de la esposa— de “irrelevante, poco seria y cercana al delirio”. Blum subrayó que la comisión que adoptó la resolución, integrada por el propio Netanyahu y los ministros Yariv Levin, Israel Katz, Itamar Ben-Gvir y Yoav Kisch, carece de la pericia técnica necesaria y que sus fallos no son recurribles. En paralelo, fuentes de la oposición política israelí adelantaron que, en caso de un cambio de gobierno, revertirían la decisión a menos que se acrediten amenazas inminentes contra los familiares. El partido B’Yachad, liderado por Naftali Bennett, declaró que la próxima comisión ministerial derogará el acuerdo si no se demuestra un peligro concreto.

La resolución tiene implicaciones presupuestarias y políticas inmediatas. La protección integral incluye no solo escoltas personales, sino también vehículos blindados, conductores y dispositivos de seguridad periférica, cuyo costo recaerá sobre las arcas públicas. Analistas en Oriente Medio advierten que la decisión sienta un precedente singular: por primera vez se desvincula la asignación de recursos de seguridad de una evaluación dinámica de amenazas, fijándola por un plazo fijo y extenso. La controversia se agrava por el hecho de que la oficina del primer ministro había negado categóricamente en días previos la existencia de gestiones para ampliar la custodia familiar, desmentidos que quedaron sin efecto tras la publicación oficial del acuerdo. La comisión precisó que el esquema aprobado rige exclusivamente para la familia Netanyahu y que los casos de otros exmandatarios —como Bennett, Yair Lapid, Ehud Olmert o Ehud Barak— se examinarán de manera individual.

En el trasfondo normativo, las reglas vigentes ya garantizaban a Netanyahu, de 76 años, protección hasta al menos los 96, con revisiones periódicas según el nivel de riesgo. La novedad radica en la extensión automática a la esposa y a los hijos, sin supeditarla a la evolución de las amenazas. Informes de inteligencia citados por fuentes de seguridad israelíes señalan que tanto el Shin Bet como el Mossad consideran que la familia Netanyahu afronta un “nivel de amenaza de por vida” debido a posibles represalias de Irán, sus aliados y grupos yihadistas por las recientes campañas militares. Sin embargo, los mismos informes no vinculan esa evaluación a la necesidad de blindar la protección por plazos fijos tan prolongados. El expediente queda ahora en manos de la comisión ministerial, cuyas decisiones no requieren ratificación parlamentaria, aunque un futuro Ejecutivo podría modificarlas. La próxima cita electoral de octubre definirá si el nuevo statu quo de seguridad para la familia del primer ministro se consolida o es revocado.