La Casa Blanca colocó en licencia administrativa sin goce de sueldo a Gabriel Pérez, el técnico que desde 2016 opera el teleprónter del presidente Donald Trump, tras conocerse que la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) investiga si utilizó su acceso anticipado a los discursos para obtener más de 100.000 dólares en apuestas. La portavoz Karoline Leavitt confirmó que el mandatario calificó la conducta de “profundamente lamentable y, francamente, una desgracia”, y aseguró que otro operador asumiría la función esa misma noche. La decisión se produjo horas después de que la cadena ABC News revelara las pesquisas, que abarcan más de una docena de intervenciones en un período de tres meses, incluyendo el discurso sobre el Estado de la Unión, la alocución en el Foro Económico Mundial de Davos y una ceremonia de entrega de la Medalla de Honor.

Desde la óptica de la Casa Blanca, el caso evidencia una violación de las “estrictas directrices éticas” que, según el portavoz Davis Ingle, rigen para todo el personal. La administración ya había distribuido en marzo un memorando interno que advertía contra el uso de información no pública en mercados de predicción. La plataforma Kalshi, por su parte, señaló que su equipo de vigilancia detectó patrones inusuales en los “mercados de menciones” —donde se apuesta sobre palabras o temas que aparecerán en un discurso— y remitió las operaciones a la CFTC. Robert DeNault, jefe de cumplimiento de Kalshi, indicó que la empresa congeló más de 90.000 dólares en la cuenta de Pérez antes de que pudiera retirar la mayoría de las ganancias y que ha colaborado con los reguladores aportando las pruebas recabadas.

Analistas en Washington y en capitales europeas observan que el episodio se inscribe en un debate regulatorio más amplio sobre los mercados de predicción, cuyo crecimiento explosivo en Estados Unidos ha venido acompañado de múltiples sospechas de uso de información privilegiada. En abril, el Departamento de Justicia imputó a un soldado que habría ganado más de 400.000 dólares en Polymarket con datos clasificados sobre la operación para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Mientras la CFTC —cuyo presidente fue designado por Trump— ha defendido la legalidad de estas plataformas a nivel federal, varios estados como Nevada o Míchigan buscan restringirlas. En contraste, desde la perspectiva de Bruselas y de capitales como París o Madrid, estos mercados están prohibidos o severamente limitados, y la Comisión Europea analiza reforzar su supervisión ante el riesgo de que se conviertan en vectores de manipulación informativa.

Fuentes cercanas a la investigación indican que Pérez se retractó de ciertas apuestas a mitad de un discurso cuando Trump improvisaba y omitía fragmentos del guion, lo que reforzó las sospechas de los analistas de Kalshi. El operador, que percibe un salario anual de 175.000 dólares, se ha mostrado cooperativo con la CFTC y negocia un acuerdo que implicaría la devolución de las ganancias y la prohibición de realizar operaciones similares. La fiscalía federal de Manhattan declinó abrir una causa penal, por lo que el caso se encauza por la vía administrativa. El desenlace de estas negociaciones se espera en las próximas semanas, mientras el Congreso evalúa legislación para prohibir a los legisladores operar en estos mercados y la propia Kalshi ha comenzado a exigir a sus usuarios que declaren su lugar de trabajo.