La producción industrial alemana registró en mayo un alza mensual del 0,9%, muy por encima del 0,3% que anticipaban los analistas, según la oficina estadística Destatis. El sector automotriz lideró el avance con un incremento del 3,6% y la maquinaria industrial creció un 1,3%. Carsten Brzeski, analista de ING en Fráncfort, atribuyó esta resiliencia a un efecto colateral del conflicto de Oriente Medio: algunos competidores asiáticos resultaron más perjudicados por el cierre del estrecho de Ormuz, lo que desvió pedidos hacia plantas germanas. Sin embargo, el promedio móvil de tres meses apenas muestra un avance del 0,1% y el volumen total de producción se sitúa un 8% por debajo de la media de 2021, lo que matiza la solidez de la recuperación.

Esa dualidad quedó reflejada en las declaraciones del ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, quien admitió en Berlín que la guerra contra Irán “ha reducido a la mitad la recuperación económica que esperábamos este año” y obligó a postergar pagos de deuda. El conflicto, que incluyó un bloqueo iraní del estrecho y una respuesta naval estadounidense con ataques de represalia, concluyó formalmente el 18 de junio con la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán. El acuerdo fija plazos para el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y la restauración de la navegación en Ormuz, un paso que los mercados energéticos y las cadenas de suministro industriales siguen con atención.

En Madrid, el Consejo de Ministros aprobó un techo de gasto no financiero para 2027 de 226.032 millones de euros, un 6,6% superior al vigente y el más alto de la serie histórica. La cifra, que por primera vez desde 2021 no incorpora fondos europeos Next Generation, se apoya en un crecimiento de la recaudación tributaria a tasas de doble dígito. La senda de estabilidad que lo acompaña proyecta una reducción gradual del déficit público hasta el 1,8% del PIB en 2027, el 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029, mientras la deuda bajaría del 97,6% al 95,3% en ese período. El ajuste recae sobre la Administración Central, ya que las comunidades autónomas dispondrán de un margen de déficit del 0,1% y las corporaciones locales deberán mantener el equilibrio presupuestario.

La novedad política más relevante es la disposición del Ejecutivo a negociar un reparto asimétrico de ese déficit autonómico, una reivindicación histórica de Cataluña que el ministro Arcadi España calificó como “un ejercicio de solidaridad” entre territorios. La propuesta, rechazada por las comunidades gobernadas por el Partido Popular, introduce un factor de tensión adicional en un trámite parlamentario ya complejo: la senda de estabilidad debe ser votada en el Congreso el 14 de julio, donde Junts, PP y Vox anticipan su oposición. Si la Cámara la rechaza en dos ocasiones, entrarán en vigor los objetivos de déficit pactados con Bruselas, lo que limitaría el margen de gasto autonómico y condicionaría la elaboración de unos presupuestos que el Gobierno concibe como plataforma electoral para los comicios de 2028.