El 7 de julio, el Comité Olímpico Internacional (COI) levantó provisionalmente la suspensión que pesaba sobre el Comité Olímpico Ruso desde octubre de 2023, allanando el camino para que los atletas rusos compitan en los Juegos de Los Ángeles 2028 y en los torneos clasificatorios. La presidenta del COI, Kirsty Coventry, justificó la medida con un principio rector: “No queremos responsabilizar a los atletas por las acciones de sus gobiernos”. Desde Moscú, el ministro de Deportes, Mijaíl Degtiariov, calificó la decisión como “un gran trabajo diplomático” y subrayó que carece de “color político”, mientras el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, la definió como “un paso importante hacia la restauración de los derechos legítimos” de los deportistas rusos.

El efecto dominó no se hizo esperar. La Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM) anunció el levantamiento total de las sanciones, permitiendo a los rusos competir con bandera e himno; el equipo nacional planea reaparecer en el Campeonato de Europa de Estambul en agosto. La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) también autorizó el regreso de las selecciones rusas, aunque la Federación Polaca de Voleibol advirtió que no concederá visados, colocando a la organización “entre la espada y la pared”. La FIFA, por su parte, analiza si sigue los pasos del COI y ya contempla la participación rusa en el Mundial Sub-15 de octubre, mientras la UEFA, que mantiene excluidos a los clubes rusos desde 2022, enfrenta la resistencia de federaciones influyentes como las de Inglaterra, Alemania y Francia.

La decisión del COI ha reavivado las tensiones geopolíticas en el deporte. En Ottawa, el secretario de Estado de Deportes, Adam van Koeverden, se declaró “consternado” y anunció que Canadá no permitirá la presencia de atletas rusos en eventos financiados por el gobierno. La ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, advirtió que la medida “corre el riesgo de normalizar la guerra de agresión ilegal de Rusia contra Ucrania”. Desde las capitales bálticas y nórdicas, Estonia solicitó a la Unión Europea que retire la financiación al COI, mientras Noruega, Reino Unido, Letonia y Suecia expresaron su oposición. En contraste, el Consejo Olímpico de Asia celebró la decisión como un gesto de distensión, reflejando una fractura Este-Oeste en la gobernanza deportiva.

En el atletismo, la postura es inamovible. World Athletics (WA) ratificó el veto a rusos y bielorrusos, vigente desde marzo de 2022, al considerar que no ha habido “avances tangibles hacia las negociaciones de paz”. Su presidente, Sebastian Coe, evocó la imagen de “ambulancias y coches fúnebres” en la estación de Kiev para justificar su negativa a la neutralidad. La Federación Rusa de Atletismo anunció que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por considerar la medida “discriminatoria”, en un litigio que se suma a los ya ganados por Rusia en el TAS contra las federaciones de deportes de invierno. La Federación Internacional de Esquí (FIS), que en diciembre de 2025 fue obligada por el TAS a readmitir a atletas neutrales, comunicó que definirá su política para la temporada 2026/27 tras una “evaluación exhaustiva” de los requisitos antidopaje.

El horizonte competitivo inmediato para los deportistas rusos es heterogéneo. Mientras los pentatletas se preparan para competir bajo su bandera en Estambul, los futbolistas juveniles aguardan la decisión de la FIFA para el Mundial Sub-15 y los atletas de pista y campo deberán esperar el fallo del TAS. La readmisión parcial dibuja un mapa deportivo fragmentado, donde la participación rusa dependerá de cada federación y de la evolución de un conflicto que, tras más de cuatro años, sigue condicionando el pulso del olimpismo.