El Sultanato de Omán ha entregado formalmente a Estados Unidos y a varios gobiernos occidentales una propuesta para cobrar tarifas por servicios de navegación a los buques que transitan el estrecho de Ormuz, según revelaron un funcionario iraní y cuatro diplomáticos citados por The New York Times. La iniciativa, que Teherán respalda pero concibe como un pago obligatorio, choca con la oposición explícita de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump calificó cualquier peaje de “inaceptable” y el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que Washington se opondrá a monetizar el acceso “se llame tarifa, peaje o donación”.

Las posiciones de las partes revelan una fractura tanto en el fondo como en la forma. Desde la óptica de Washington, la administración estadounidense insiste en restaurar la libertad de tránsito que existía antes del conflicto, sin contraprestación económica alguna. Omán, que actúa como mediador y es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, distingue entre un peaje de tránsito —que su canciller Badr al-Busaidi considera ilegal— y contribuciones voluntarias por servicios de seguridad, gestión de rutas o protección ambiental, inspiradas en el mecanismo del estrecho de Malaca. Teherán, en cambio, sostiene que los pagos deben ser obligatorios y advierte, por boca del viceministro de Exteriores Kazem Gharibabadi, que si no logra un acuerdo con Mascate actuará de forma unilateral. Riad y otros socios del Golfo, reflejando una postura compartida en el Consejo de Cooperación, rechazan cualquier arreglo novedoso: “La gestión del estrecho funcionaba bien antes del conflicto”, declaró el ministro de Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan.

La pugna diplomática se desarrolla mientras el tráfico marítimo se recupera con fuerza. Datos de Lloyd’s List registraron un aumento del 70% en los tránsitos semanales, con más de 240 buques cruzando la vía en la última semana de junio, casi todos por la ruta meridional cercana a la costa omaní. Esta ruta alternativa, impulsada por Washington y sus aliados del Golfo para alejar a los buques del alcance inmediato de Irán, es vista por analistas en la región como un intento de erosionar la capacidad de Teherán de controlar o gravar el paso. La respuesta iraní no se hizo esperar: ataques con drones contra embarcaciones que utilizaban ese corredor, seguidos de represalias estadounidenses sobre objetivos militares vinculados a operaciones navales, antes de que ambas partes acordaran una pausa en las hostilidades y el inicio de un período de 60 días de tránsito libre de peajes, según el memorando de entendimiento que puso fin a la fase activa de la guerra.

Desde la perspectiva de Bruselas y de otras capitales con intereses marítimos globales, el desenlace de esta pulseada podría sentar un precedente de alcance mundial. La Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar prohíbe gravar el mero paso por estrechos internacionales, pero Irán nunca ratificó el tratado, y el modelo de contribuciones voluntarias que promueve Omán podría abrir una vía para que otros Estados ribereños reclamen compensaciones en puntos de estrangulamiento como Malaca, el Bósforo o el canal de la Sonda. El expediente se encuentra ahora en manos de los mediadores qataríes. Para este martes están previstos en Doha contactos indirectos entre las delegaciones estadounidense —encabezada por los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner— e iraní, con el estrecho de Ormuz y la estabilidad regional como ejes de la agenda. Fuentes diplomáticas citadas por Al Arabiya añaden que Irán recibirá unos 3.000 millones de dólares de sus fondos congelados al final de la semana, en el marco del acuerdo que detuvo las hostilidades.