Cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron detenidos y expulsados de la institución tras ser acusados de apropiarse de dinero y otros bienes hallados entre los escombros de los edificios derrumbados por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela la semana pasada. Según el comunicado oficial difundido por el director del CICPC, Douglas Rico, los funcionarios “se desviaron de sus deberes” durante las labores de rescate en el estado de La Guaira, el más afectado por los sismos. Videos difundidos en redes sociales muestran a vecinos de las Residencias Vallarta, en Catia La Mar, increpando a uno de los agentes mientras sostenía un fajo de dólares; en las imágenes, los ciudadanos rompen los billetes y califican al uniformado de “vergüenza”. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, calificó los hechos de “actos impúdicos, indecentes e inmorales” y aseguró que los implicados serán “juzgados como corresponde”.

Las detenciones se producen en un clima de creciente indignación ciudadana por la conducta de algunas fuerzas de seguridad desplegadas en la zona de la catástrofe. Equipos de rescate internacionales, entre ellos los Topos de Chile y Topos Azteca de México, han denunciado que militares venezolanos les exigen repetidamente la documentación, los acusan de “espías” y, en al menos un caso, un reportero estatal pidió a un rescatista que agradeciera a la presidenta mexicana ante las cámaras. El congresista estadounidense Carlos Giménez difundió grabaciones no verificadas en las que se observa a uniformados retirando televisores y otros enseres de viviendas destruidas. Las autoridades venezolanas atribuyen estas versiones a “estrategias de manipulación en redes sociales” y llaman a confiar solo en la información oficial, aunque los testimonios de voluntarios y damnificados recogidos por agencias internacionales insisten en la escasa presencia estatal efectiva sobre el terreno.

Desde la oposición, el partido Primero Justicia denunció el “aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen” que, en lugar de preservar vidas, “están buscando entre los escombros cómo enriquecerse con la tragedia”. Analistas en Caracas señalan que estos episodios agravan la fractura de confianza entre la ciudadanía y las instituciones en un momento en que la ayuda humanitaria resulta crítica. El coordinador residente de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, indicó que la cifra real de víctimas podría ser superior a la oficial, mientras la organización gestiona la adquisición de diez mil bolsas para cadáveres.

El balance oficial de los sismos del pasado miércoles asciende a 1.943 fallecidos y 10.571 heridos, con decenas de miles de desaparecidos, según las autoridades venezolanas. Las operaciones de búsqueda continúan con apoyo de equipos internacionales, aunque las esperanzas de hallar sobrevivientes se reducen al cumplirse una semana de la tragedia. Los cuatro agentes detenidos han sido puestos a disposición de los tribunales y la investigación sigue abierta para determinar las responsabilidades penales.