El brote de enfermedad por el virus del Ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ha superado los 400 fallecidos, con 438 muertes y 1.406 casos confirmados hasta el 2 de julio, según el Instituto Nacional de Salud Pública congoleño. La confirmación de un caso en Kisangani, una ciudad de 1,5 millones de habitantes situada a casi 600 kilómetros del epicentro en la provincia de Ituri, marca una expansión geográfica que las autoridades sanitarias califican de caso importado, pero que activa la vigilancia en las provincias de Tshopo y Haut-Uélé, fronterizas con Sudán del Sur.

La epidemia, declarada el 15 de mayo, está causada por la cepa Bundibugyo, para la que no existen vacunas ni tratamientos aprobados. La tasa de letalidad se sitúa en el 31,2 %, aunque la Organización Mundial de la Salud advierte que podría subestimar la mortalidad real debido a las muertes no investigadas antes de la declaración oficial. La respuesta se ve obstaculizada por la inseguridad en una región afectada por conflictos armados, la desconfianza comunitaria y los recortes en la ayuda internacional, incluida la salida de Estados Unidos de la OMS, que ha reducido la capacidad de vigilancia epidemiológica.

Desde la óptica del desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) proyecta que la crisis podría empujar a casi un millón de personas a la pobreza y costar a las economías africanas hasta 3.600 millones de dólares en el peor escenario, con pérdidas de cientos de miles de empleos. Las mujeres serían las más afectadas por su dependencia del comercio informal y su presencia en la primera línea sanitaria. En Kenia, el gobierno ha evaluado su preparación nacional en un 66 % y ha identificado 25 condados de alto riesgo que requieren asistencia técnica y financiera urgente para evitar la transmisión transfronteriza.

En el frente clínico, la OMS anunció el inicio de un ensayo con dos tratamientos experimentales, con el primer paciente ya enrolado. Paralelamente, la alianza diagnóstica FIND ha seleccionado a cinco fabricantes —dos de África Occidental, uno estadounidense y dos surcoreanos— para iniciar en las próximas semanas pruebas de campo de tests rápidos de antígenos en muestras de sangre de pacientes vivos. Estos dispositivos, si obtienen la aprobación regulatoria, podrían reducir de días a minutos la identificación de casos y mejorar el aislamiento.

El próximo hito factual será la llegada de los primeros tests rápidos a la zona del brote, prevista para mediados de julio, y la evolución del ensayo clínico en curso, cuyos resultados preliminares podrían redefinir la capacidad de contención de una epidemia que ya es la segunda más grande registrada de esta cepa.