El proyecto de ley del gobierno laborista australiano para restringir la publicidad de las casas de apuestas enfrenta un nuevo retraso parlamentario. La coalición opositora y el Partido Verde anunciaron que impulsarán una investigación del Senado, lo que posterga la entrada en vigor de las normas, prevista para enero de 2027. La decisión se produce luego de que diputados liberales, como Simon Kennedy, calificaran la iniciativa de “capitulación” ante el lobby del juego, y de que la portavoz de comunicaciones de la oposición, Sarah Henderson, exigiera una reforma “significativa y viable”.

Desde Canberra, el gobierno defiende el paquete como un avance significativo que limita los anuncios televisivos a tres por hora, prohíbe la publicidad durante los eventos deportivos en vivo y veta el uso de celebridades. La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, advirtió que una investigación prolongada solo beneficia a quienes buscan dilatar la implementación. Sin embargo, en la oposición y en la bancada verde se sostiene que las medidas no igualan la magnitud del daño social y quedan lejos de la prohibición total recomendada en 2023 por el informe de la diputada Peta Murphy.

El estancamiento legislativo en Australia coincide con movimientos regulatorios en otras latitudes. En Brasil, la diputada Erika Hilton (Psol-SP) solicitó que la fiscalización por publicidad abusiva de apuestas se extienda a todas las cadenas de televisión —incluidas Globo y SBT— tras la investigación abierta contra la plataforma CazéTV durante el Mundial 2026. La legisladora argumentó que la ley debe aplicarse sin excepciones, en un país donde el mercado de las apuestas en línea ha crecido aceleradamente y el gobierno ya anticipa nuevas restricciones.

En el Reino Unido, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) propuso flexibilizar las normas de pago en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, permitiendo que los desarrolladores redirijan a los usuarios a opciones externas con comisiones más bajas. Google afirmó que ya introdujo cambios en ese sentido. Por otra parte, en Australia, el Tesoro publicó un documento que plantea otorgar al regulador corporativo la potestad de imponer multas significativas a las grandes firmas de auditoría, tras el escándalo en KPMG que derivó en la salida de ocho socios principales. Analistas en centros financieros de Sídney y Londres interpretan esta secuencia de iniciativas como una señal de que los gobiernos buscan reforzar la supervisión sobre sectores donde la autorregulación ha mostrado límites. Se espera que el proyecto de ley australiano sea remitido a la comisión del Senado en los próximos días, mientras en Brasil la solicitud de fiscalización ampliada sigue su curso en la Secretaría Nacional del Consumidor.