La Comisión Europea emitió este jueves dos medidas de obligado cumplimiento que redefinirán el ecosistema digital del bloque: Google deberá compartir datos anonimizados de su motor de búsqueda con rivales y abrir las funciones del sistema operativo Android a asistentes de inteligencia artificial de terceros. La decisión, adoptada bajo el Reglamento de Mercados Digitales (DMA), fija enero de 2027 como fecha de inicio para la cesión de datos de búsqueda y julio de ese mismo año para que los usuarios europeos puedan activar por voz y usar como predeterminado cualquier asistente de IA —como ChatGPT o Claude— en igualdad de condiciones con Gemini, el producto propio de Google.

Desde la óptica de Bruselas, las medidas buscan corregir una ventaja estructural que, según sus análisis, impide a los competidores acceder a las funcionalidades del sistema operativo y a la ingente cantidad de datos de consultas que Google acumula. La vicepresidenta ejecutiva Henna Virkkunen enmarcó la intervención como un intento de “estimular alternativas emergentes” y ampliar la oferta disponible para los ciudadanos de la Unión. La Comisión subrayó que los datos compartidos deberán ser anonimizados conforme a criterios fijados por la propia institución y que Google podrá denegar el acceso si evalúa riesgos para la ciberseguridad o la protección de datos, un mecanismo que, en la práctica, traslada a la empresa la carga de justificar cualquier bloqueo.

Google, con sede en Mountain View, rechazó de inmediato el alcance de las exigencias. Su presidente de asuntos globales, Kent Walker, advirtió que las decisiones “ponen en riesgo salvaguardas vitales de privacidad y seguridad para millones de europeos” y que la exposición de búsquedas privadas a empresas desconocidas, sin el consentimiento del usuario, podría debilitar la protección de secretos comerciales e incluso la seguridad nacional. La compañía sostiene que ya había presentado soluciones alternativas para cumplir los objetivos del DMA sin sacrificar esas garantías. La respuesta de Google se produce en un contexto de fricción transatlántica: la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha calificado reiteradamente la regulación tecnológica europea como un instrumento que perjudica de forma desproporcionada a las empresas de su país.

El movimiento de Bruselas se inscribe en una ofensiva más amplia contra los llamados “gatekeepers” digitales. En los últimos meses, la Comisión ha forzado a Apple a introducir funciones de interoperabilidad en sus dispositivos y ha exigido a Meta desmantelar elementos considerados adictivos, como el desplazamiento infinito. En paralelo, el ecosistema de la inteligencia artificial muestra otros reacomodos: OpenAI anunció el fin de su navegador Atlas para centrarse en una aplicación de escritorio unificada, mientras que en el mercado europeo se restableció el acceso a ChatGPT a través de WhatsApp después de que las autoridades de competencia intervinieran para garantizar la presencia de chatbots rivales en la plataforma de Meta. La Comisión Europea, además, mantiene abierta una investigación separada contra Google por posibles infracciones del DMA que podría traducirse en una multa la próxima semana, según fuentes cercanas al expediente. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar el 10 % de la facturación global anual de la compañía.