En una jornada de acciones coordinadas, fuerzas de seguridad de Brasil, Rusia y Marruecos lanzaron el 16 de julio de 2026 una serie de operativos contra redes delictivas dedicadas al fraude financiero, el narcotráfico y la corrupción. Según informaron la Policía Federal brasileña y el Comité de Investigación ruso, los procedimientos incluyeron allanamientos, detenciones y la incautación de bienes, en el marco de investigaciones que apuntan a perjuicios millonarios a entidades como el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), la Caixa Econômica Federal y bancos comerciales en el norte de África.

En Brasil, la Policía Federal desarticuló en Teresópolis (Río de Janeiro) un grupo que reactivaba beneficios previsionales ya cancelados, causando un desfalco de aproximadamente 2 millones de reales al INSS. De forma paralela, en Salvador (Bahía), la Operación Versão Brasileira detuvo a un sospechoso y allanó tres inmuebles por la apertura fraudulenta de cuentas bancarias con documentos falsos y la contratación de préstamos consignados que generaron pérdidas superiores a 424.000 reales a la Caixa. En la misma ciudad, la Operación Meridian arrestó temporalmente a cinco personas —cuatro de ellas empleados del puerto— vinculadas al envío de 742 kilogramos de cocaína incautados en el puerto de Londres, mientras que la Operación Ludus, de la Policía Civil, ejecutó 14 órdenes de prisión y 10 de allanamiento en Bahía y Pernambuco contra una organización que movió 110 millones de reales del narcotráfico mediante testaferros. Además, la segunda fase de la Operación Sanitas apuntó en Minas Gerais al comercio ilegal de medicamentos para adelgazar sin registro sanitario, y la Operación R2 investigó en cuatro estados a médicos que habrían contratado suplantadores para el examen nacional de residencia médica.

Fuera de Brasil, el Comité de Investigación de Rusia acusó a una empleada bancaria de integrar un grupo que desvió 69 millones de rublos de pagos destinados a participantes de la operación militar especial, mediante transferencias fraudulentas. En Marruecos, fuentes del sector bancario revelaron que una auditoría interna en un gran grupo financiero detectó a directivos de agencias en Casablanca, El Yadida y Marrakech que otorgaban facilidades crediticias a empresas con documentación presuntamente falsificada; varios beneficiarios obtuvieron más de 500.000 dírhams y dejaron de pagar, mientras los empleados implicados fueron suspendidos.

Dos días antes, la Policía Federal brasileña había lanzado la Operación Mekong en São José dos Campos (São Paulo) contra el tráfico internacional de personas hacia el sudeste asiático. Según la investigación, los reclutadores ofrecían falsos empleos bien remunerados en Camboya y Vietnam, pero al llegar las víctimas eran despojadas de sus pasaportes y forzadas a trabajar en centros de estafas electrónicas. Un informe del Ministerio de Justicia brasileño situó a Camboya como el principal destino de las 84 víctimas de trata registradas en 2025, un aumento del 33% respecto al año anterior, lo que motivó la apertura de una embajada en Nom Pen en agosto de ese año.

Las autoridades judiciales de los países involucrados mantienen abiertas las investigaciones para identificar a otros integrantes de las redes y rastrear los flujos financieros ilícitos. En Brasil, la Fuerza Integrada de Combate al Crimen Organizado (Ficco) también ejecutó la segunda fase de la Operación Custos Legis en Pará, que apunta a un funcionario público que vendía información secreta de procesos judiciales a facciones criminales. Los detenidos enfrentan cargos que incluyen estelionato, lavado de dinero, asociación ilícita y, en el caso ruso, delitos informáticos. Se espera que en las próximas semanas se presenten las acusaciones formales y se avance en la cooperación internacional para desmantelar las ramificaciones transnacionales de estas organizaciones.