La Audiencia Provincial de Badajoz condenó este martes a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno español, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del sufragio pasivo, como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa. El tribunal absolvió al acusado del delito de tráfico de influencias, que habría conllevado penas de prisión, pero impuso la misma inhabilitación al exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo —por dos delitos de prevaricación— y a un tercer imputado, Luis Carrero, amigo del hermano del presidente.

Según la sentencia, la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz fue creada de forma “innecesaria y vacía de contenido” para favorecer el “interés particular” de David Sánchez, en un plan preconcebido por las más altas instancias de la institución provincial. El fallo subraya que esta práctica “daña la salud democrática, fomenta la corrupción y la desigualdad de oportunidades”, y considera acreditado que el hermano del jefe del Ejecutivo conocía y cooperó en la simulación de legalidad del proceso de selección.

Desde Moncloa y la dirección del Partido Socialista se proclamó la inocencia de David Sánchez y se calificó la condena de “cacería” contra el presidente. El ministro Óscar Puente afirmó que se está asistiendo a un intento de “derribar al Gobierno” por la vía judicial ante la imposibilidad de hacerlo en las urnas, mientras que portavoces de Sumar y Esquerra Republicana tacharon la pena de “desproporcionada” y advirtieron del deterioro de la confianza en el Estado de derecho. En contraste, la oposición conservadora y la extrema derecha recibieron el fallo como un hito. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, recordó que se trata de la tercera condena en el entorno de Pedro Sánchez —tras las del exfiscal general del Estado y el exministro José Luis Ábalos— y subrayó que “nadie está por encima de la ley”. La portavoz popular en el Congreso exigió la dimisión del presidente, mientras que desde Vox se calificó al Ejecutivo de “mafia”.

La condena se suma a un escenario de múltiples frentes judiciales que afectan al Gobierno de coalición en minoría, incluidas las investigaciones por corrupción que involucran a otros altos cargos socialistas y a la esposa del presidente, Begoña Gómez. Analistas políticos en América Latina observan el caso como un termómetro de la solidez institucional española y, al mismo tiempo, como un factor de desgaste para un Ejecutivo que enfrenta dificultades para aprobar presupuestos y sostener su agenda legislativa. El fallo es recurrible ante instancias superiores y se prevé que la defensa anuncie un recurso, mientras el debate político se intensifica de cara a las elecciones generales previstas para 2027.