El Mundial de fútbol de 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, ha quedado marcado por dos episodios que evidencian un entrelazamiento inédito entre la FIFA y el aparato político del presidente estadounidense Donald Trump. Según ha revelado la prensa alemana, la zona de aficionados instalada en el National Mall de Washington D.C. es operada por Campaign Nucleus, la empresa del estratega digital de Trump, Brad Parscale, en virtud de un acuerdo con la organización gubernamental Freedom 250. Los asistentes que se registran en el recinto ceden sus datos personales a una firma que promete a sus clientes políticos “movilizar y ganar”, sin que la FIFA haya aclarado si autorizó ese uso. De forma paralela, la comisión disciplinaria del organismo levantó la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun tras una llamada del presidente Trump, según admitió el propio Infantino, lo que llevó a la UEFA a emitir un comunicado de protesta por la injerencia externa.

Desde la óptica de las federaciones europeas, ambos hechos confirman un patrón de sumisión al poder político que erosiona la neutralidad estatutaria de la FIFA. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha intensificado sus críticas y, de acuerdo con fuentes cercanas al organismo, evalúa impulsar una candidatura alternativa para las elecciones presidenciales de 2027. Entre los nombres que se barajan en Bruselas y en las capitales del fútbol europeo figuran el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, y el propietario del Legia de Varsovia, Dariusz Mioduski, quien contaría con el respaldo de federaciones como la alemana y la española. El jurista suizo Mark Pieth, exresponsable de gobernanza de la FIFA, ha instado a la UEFA a emplear su peso económico y hasta a explorar una salida del organismo o acciones por la vía del derecho de la competencia, al considerar que Infantino ha perfeccionado el sistema de control interno que caracterizó a su predecesor.

En contraste, desde las confederaciones de África y Sudamérica el liderazgo de Infantino conserva un respaldo sólido. El presidente de la CAF, Patrice Motsepe, es un aliado declarado, y las federaciones sudamericanas impulsan la ampliación del Mundial a 64 selecciones, una propuesta que el propio Infantino ha puesto sobre la mesa como posible legado de su gestión. Analistas en Ciudad de México y Buenos Aires interpretan esa iniciativa como una maniobra para ensanchar la base electoral del dirigente ítalo-suizo de cara a los comicios de 2027, ofreciendo a las selecciones más pequeñas una oportunidad inédita de clasificación. La Concacaf, por su parte, podría postular a su actual presidente, Victor Montagliani, aunque su prioridad declarada es la reelección en el organismo regional.

El plazo para la presentación de candidaturas vence el 16 de noviembre de 2026, y la votación está prevista para abril de 2027. Mientras tanto, la Comisión Europea, según ha advertido el constitucionalista Joseph Weiler, dispone de instrumentos para investigar a la FIFA como entidad privada que opera en territorio comunitario, lo que añade una dimensión institucional a un conflicto que ya trasciende lo deportivo. La FIFA no ha respondido a los requerimientos sobre el uso de los datos de los aficionados, y el debate sobre una eventual reforma estatutaria que permita un cuarto mandato de Infantino se perfila como el próximo frente de una pugna que redefine las fronteras entre el fútbol, el poder político y los intereses comerciales.