El Tribunal de Apelación de Quebec declaró inconstitucional la pena mínima obligatoria de un año de prisión por distribución de material de abuso sexual infantil, al considerar que constituye un castigo cruel e inusual en casos donde el condenado presenta discapacidad intelectual y trastornos de salud mental. La decisión, que redujo la condena a seis meses de cumplimiento en la comunidad, se apoya en un precedente de la Corte Suprema de Canadá que ya había anulado mínimos obligatorios para la posesión y el acceso a ese tipo de contenidos. Desde la óptica de los tribunales canadienses, la proporcionalidad de la pena exige margen para evaluar las circunstancias individuales del infractor, un criterio que, según analistas jurídicos en Ottawa, podría extenderse a otros delitos con mínimos fijos.

En contraste, las cortes latinoamericanas han ratificado condenas severas en casos de abuso sexual infantil. La Corte Suprema de Justicia de Argentina dejó firme una pena de 12 años y 10 meses de prisión contra un hombre que violó a su hija durante siete años y la dejó embarazada, al rechazar un recurso de la defensa que alegaba violación del principio de inocencia. En Brasil, un tribunal del interior de Amazonas impuso 57 años de cárcel a un padrino que abusó de tres niñas durante una década, mientras que en São Paulo se detuvo a un tío prófugo acusado de estupro de vulnerabilidad contra dos sobrinas. Para las fiscalías de la región, estas sentencias reflejan una política de tolerancia cero frente a delitos que, según la perspectiva de los ministerios públicos, destruyen la confianza en el entorno familiar y comunitario.

La cooperación internacional también impulsa investigaciones locales. En la ciudad bonaerense de Balcarce, un joven fue detenido por producir y comercializar material de abuso sexual infantil a partir de un reporte de la organización Missing & Exploited Children, que geolocalizó una dirección IP sospechosa. El operativo, que incluyó el secuestro de un teléfono celular, se enmarca en una causa que sigue en etapa de instrucción. En Rusia, un hombre recién liberado de una condena anterior por delitos similares fue sentenciado a 17 años de prisión por agredir a una niña de 9 años, lo que, según el Comité de Instrucción regional, evidencia patrones de reincidencia que los sistemas penales aún no logran contener.

En Asia, un tribunal de Bangladesh condenó a cadena perpetua a un hombre que violó a una viuda; la sentencia incluyó el reconocimiento legal de paternidad sobre la hija nacida de esa agresión, tras una prueba de ADN realizada trece años después. El fallo establece que la niña tendrá derechos hereditarios sobre los bienes del condenado, una medida que, desde la óptica de organizaciones de derechos humanos en Daca, busca reparar el daño a la víctima indirecta. Mientras la decisión de Quebec podría ser apelada ante la Corte Suprema canadiense, los procesos en Argentina y Brasil continúan su curso con recursos aún pendientes, y las detenciones recientes en Maranhão y Balcarce mantienen abiertas nuevas líneas de investigación.