El rey Carlos III, a instancias del Gobierno británico, concedió un indulto condicional póstumo a Ruth Ellis, la última mujer ejecutada en el Reino Unido, ahorcada en 1955 por el asesinato de su pareja. El anuncio lo realizó el viceprimer ministro David Lammy en la Cámara de los Comunes, quien subrayó que la decisión no anula la condena, pero reemplaza la pena capital por la de prisión perpetua, admitiendo una «profunda injusticia» en un caso excepcional.

La familia de Ellis, que encabezó la campaña durante décadas, sostiene que la condena ignoró el historial de violencia doméstica sistemática que la mujer sufrió a manos de David Blakely, un piloto de carreras. Según los nietos de Ellis, los maltratos incluyeron golpizas públicas y un puñetazo en el abdomen que le provocó un aborto. La nieta Laura Enston declaró que «la justicia finalmente se ha hecho», aunque el indulto no borra lo ocurrido, reconoce que el sistema judicial falló y que Ellis no debió ser ejecutada. Desde la óptica del Gobierno británico, el indulto responde a la evidencia de que, con la legislación actual, el desenlace habría sido distinto: la defensa podría haber alegado trastorno de responsabilidad disminuida o síndrome de la mujer maltratada, figuras inexistentes en 1955.

El caso Ellis conmocionó a la sociedad británica de posguerra y aceleró el debate sobre la pena de muerte. En el juicio, que duró apenas un día y medio, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad en menos de media hora, sin que se permitiera considerar los abusos como atenuante. Dos años después de la ejecución, el Parlamento aprobó la ley que introdujo la responsabilidad disminuida como defensa en casos de asesinato, y en 1965 se suspendió la pena capital, abolida definitivamente en 1970. Analistas jurídicos en Londres señalan que, de haberse aplicado los criterios actuales, Ellis probablemente habría sido condenada por homicidio involuntario, no por asesinato.

El indulto condicional, una prerrogativa real ejercida por el monarca a recomendación del Ejecutivo, cierra un capítulo de más de siete décadas de reivindicación familiar. La familia ha expresado su esperanza de que el caso sirva para reforzar la protección de las mujeres atrapadas en relaciones abusivas. No se prevén nuevas acciones legales, ya que el indulto no revisa la condena original, sino que conmuta la pena. La decisión ha sido acogida por organizaciones de víctimas y por la ministra de Víctimas y Violencia contra las Mujeres, Catherine Atkinson, como un reconocimiento tardío de una injusticia histórica.