En una serie de fallos emitidos durante las últimas semanas, las cortes supremas de Argentina, Brasil y Colombia dejaron firmes condenas por homicidios agravados, femicidios y abusos sexuales, al tiempo que en Estados Unidos y Rusia se registraron decisiones judiciales de alto perfil sobre crímenes violentos. El Superior Tribunal de Justicia de Brasil rechazó un habeas corpus y mantuvo la pena de 83 años de prisión contra César Francisco Moranza Júnior por el asesinato de su exnovia y el hijo de ella en 2023, al considerar que la sentencia respetó los criterios legales y se basó en hechos concretos como la planificación y la crueldad. En Colombia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema confirmó la condena de 41 años contra el mayor retirado del Ejército Oscar Iván Hernández Bermúdez por el homicidio de su esposa y la tentativa de homicidio de su exsuegra, ocurridos en 2011 frente a una hija de cinco años; el tribunal desestimó los alegatos de la defensa sobre supuestas violaciones al debido proceso y consideró probado que el ataque fue planeado.

En Argentina, la Corte Suprema de la Nación convalidó dos sentencias por crímenes de género. Por un lado, dejó firme la pena de nueve años de prisión contra Piero Michel Lucero Rodríguez por el homicidio de la mujer trans Priscila Ponce Nieto en 2020, quien recibió más de 56 heridas con arma blanca y botellas. Por otro, ratificó la condena a 12 años y 10 meses de cárcel para Jorge Eduardo Dubiau, hallado culpable de abusar sexualmente de su hija menor de edad durante años y de provocarle un embarazo. En ambos expedientes, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisibles los recursos de la defensa con fundamento en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, sin ingresar al fondo de los planteos.

Sin embargo, el mismo tribunal generó una fuerte controversia al ordenar la revisión de la condena de Ángel Morales, quien en 2019 fue sentenciado por el femicidio de su expareja Talía Recabarren, cometido cuando ambos eran menores de edad. La pena inicial de 10 años fue elevada a 16 por la Sala II de la Corte de Justicia de San Juan, pero la defensa oficial alegó que ese agravamiento nunca fue examinado por un tribunal distinto, vulnerando el derecho al doble conforme. La Corte Suprema hizo lugar al planteo y dispuso que una nueva integración de la corte provincial analice exclusivamente ese aspecto. La decisión, que no anula la condena ni libera al acusado, fue recibida con indignación por la madre de la víctima, Anabella Recabarren, quien anunció una huelga de hambre y una protesta con encadenamiento en su domicilio. Desde la óptica de los tribunales superiores, la medida busca reforzar las garantías procesales, pero para organizaciones de víctimas en San Juan representa un retroceso que reabre heridas.

En otras jurisdicciones, los debates se centraron en los plazos procesales y la reincidencia. En Ohio, Estados Unidos, la defensa de Mackenzie Shirilla —condenada a 15 años de prisión por estrellar deliberadamente su automóvil a 160 km/h y matar a su novio y a un amigo— presentó un recurso ante la Corte Suprema estatal luego de que su petición de revisión fuera rechazada por haber sido presentada un día después del vencimiento del plazo; sus abogados atribuyen el error a un cálculo relacionado con un año bisiesto y a demoras en las transcripciones. En paralelo, la hermana de una de las víctimas impulsa una ley para impedir que los condenados obtengan beneficios económicos de la difusión de sus crímenes. En Rusia, un tribunal de Sebastopol impuso 17 años de prisión a un hombre que agredió sexualmente a una niña de 9 años pocos meses después de haber recuperado la libertad por un delito similar, según informó el Comité de Instrucción. La audiencia de revisión en el caso de Talía Recabarren está prevista para agosto ante los jueces Guillermo De Sanctis, Marcelo Lima y Eduardo Raed, mientras que el recurso de Shirilla aguarda pronunciamiento de la Corte Suprema de Ohio.