El gobierno de Estados Unidos inició este lunes una ofensiva diplomática de amplio alcance con el objetivo declarado de “desmantelar” la Corte Penal Internacional (CPI). El secretario de Estado, Marco Rubio, comunicó que la campaña incluirá la revocación de visas, prohibiciones de viaje y un incremento de sanciones contra el personal de la corte y organizaciones afiliadas, además de gestiones directas de embajadores y altos funcionarios para instar a otros países a retirarse del Estatuto de Roma. Un funcionario del Departamento de Estado, bajo condición de anonimato, precisó que se ejercerá especial presión sobre aquellas naciones que colaboran con las fuerzas de seguridad estadounidenses, albergan presencia militar de Washington o se benefician de su paraguas protector, y advirtió que quienes se nieguen a rechazar la jurisdicción del tribunal “probablemente enfrentarán un mayor escrutinio”.

Desde Washington se fundamenta la medida en la premisa de que la CPI representa una “amenaza intolerable” a la soberanía nacional, al atribuirse la facultad de procesar a militares y funcionarios estadounidenses pese a que el país nunca ratificó el tratado fundacional. En una columna publicada en The Wall Street Journal, Rubio acusó al tribunal de estar “respaldado y dirigido por una poderosa red de organizaciones no gubernamentales de izquierda, globalistas engreídos y gobiernos hostiles del Tercer Mundo”. El comunicado oficial del Departamento de Estado sostiene que la corte abrió previamente una investigación sobre personal militar y de inteligencia estadounidense y “se ha negado desde entonces a cerrar estos casos”, en referencia a las pesquisas por presuntos crímenes en Afganistán. La CPI, con sede en La Haya, no ha emitido comentarios sobre la nueva campaña.

La iniciativa genera reacciones diferenciadas en la comunidad internacional. En Tokio, el portavoz del gobierno japonés, Minoru Kihara, declaró que Japón —cuya nacional, Tomoko Akane, preside actualmente la CPI— observa la situación “con preocupación” y reiteró su respaldo constante al tribunal en aras del estado de derecho. En sentido opuesto, países como Hungría, Burkina Faso, Malí y Níger ya habían anunciado su retiro de la corte, calificándola de “instrumento de represión neocolonialista” o “tribunal político”. Tres juezas de la CPI sancionadas por la administración Trump —una canadiense, una ugandesa y una beninesa— presentaron en junio una demanda en Nueva York contra el presidente y otros altos cargos, argumentando que las sanciones buscan ejercer “presión extrajudicial” y son ilegales.

La ofensiva se inscribe en una larga historia de fricciones entre Washington y el tribunal, que se intensificaron tras la emisión en noviembre de 2024 de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Analistas en Bruselas y en capitales latinoamericanas observan que la campaña podría fragmentar la cooperación internacional en la persecución de crímenes de guerra y debilitar la capacidad operativa de la CPI, que depende en buena medida del apoyo diplomático y financiero externo. El Departamento de Estado afirmó que “ninguna opción diplomática quedará descartada” y que se buscará que los países no miembros del Estatuto de Roma utilicen sus propias redes para sumarse a acciones similares. Por el momento, no se ha fijado un calendario público para las gestiones, pero se espera que las llamadas diplomáticas comiencen de inmediato.