La comisión interdisciplinaria de expertos en protección infantil en el entorno digital, designada por el Ministerio de Familia alemán, recomendó este miércoles establecer los 13 años como edad mínima para que los menores puedan abrir cuentas propias en redes sociales, descartando una prohibición generalizada. La propuesta, que incluye 56 medidas, se enmarca en una tríada de objetivos —protección, capacitación y participación— y contrasta con las decisiones adoptadas en otras regiones: los Emiratos Árabes Unidos vetaron en junio el acceso a menores de 15 años sin excepción por consentimiento parental, mientras que Malasia activó el 1 de junio un código que exige verificación de edad con documentos oficiales y fija el umbral en los 16 años.

Desde Berlín, la ministra de Familia, Karin Prien, respaldó el límite de 13 años y abogó por una regulación a escala europea que obligue a las plataformas a un diseño seguro desde la concepción, eliminando algoritmos adictivos y patrones oscuros. Sin embargo, dentro de la propia coalición alemana, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD) han defendido umbrales más altos, de 14 o incluso 16 años, inspirados en el modelo australiano. En el ámbito académico, investigadores como Franco Rau, de la Universidad de Erlangen-Núremberg, califican el debate de prohibición como una «discusión ficticia» y sostienen que la verdadera protección requiere formación obligatoria en medios en las escuelas y una regulación estricta de las plataformas, no vetos que, a su juicio, ignoran la realidad. En Kuala Lumpur, el ministro de Comunicaciones, Fahmi Fadzil, presentó la iniciativa «Tunggu 16» (Espera a los 16) como un mecanismo de aplazamiento, no de exclusión permanente, basado en la verificación con documentos como el MyKad o el pasaporte y con obligación de eliminar los datos una vez cumplida la comprobación.

Las recomendaciones alemanas van más allá de la edad mínima: proponen prohibir por ley el uso privado de teléfonos móviles en escuelas hasta el séptimo grado, introducir un certificado obligatorio de competencias básicas en inteligencia artificial —el llamado «KI-Seepferdchen»— para alumnos de primaria, y crear una comisaría digital infantil para denunciar delitos en línea. Asimismo, exigen a las plataformas que eliminen los feeds algorítmicos y la publicidad personalizada para usuarios de 13 a 18 años. En los Emiratos, la resolución del gabinete otorga a las tecnológicas un plazo de doce meses para adaptarse, mientras las autoridades sanitarias de Dubái documentan casos de insomnio, agresividad y autolesiones vinculados al uso excesivo de pantallas en menores, y promueven espacios lúdicos presenciales como alternativa. En Malasia, el código de protección infantil obliga a los proveedores a cumplir principios de minimización de datos y limitación de finalidad, y prevé sanciones económicas para los infractores.

El debate refleja una tensión global entre dos enfoques: el europeo continental, que tiende a priorizar la capacitación progresiva y los derechos de participación de los menores —la comisión alemana insiste en que «no es el niño quien debe adaptarse al mundo digital, sino el mundo digital al niño»—, y las medidas de prohibición directa adoptadas en países de Asia-Pacífico y Oriente Medio, donde los gobiernos invocan la inmadurez cognitiva y los riesgos para la salud mental. La Comisión Europea analiza una armonización normativa, mientras que el ejecutivo alemán prevé traducir las recomendaciones en una estrategia integral en septiembre. En paralelo, Malasia ya aplica su código desde junio y los Emiratos iniciarán la fiscalización del veto en el verano de 2027, configurando un mosaico regulatorio que, según analistas en Bruselas, podría acelerar la adopción de estándares comunes de verificación de edad a nivel internacional.