El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que Irán le ha transmitido por escrito que «no se exigen ni se cobran peajes, costes de seguro ni ningún otro tipo de cargo» a los buques que transitan el estrecho de Ormuz. En un mensaje difundido en su red Truth Social, Trump advirtió de que si esa información resulta falsa, «las negociaciones terminarán de inmediato». La declaración introduce un ultimátum explícito en un proceso diplomático que apenas el lunes había concluido su primera ronda técnica en Suiza y que, según el memorando de entendimiento firmado por ambos presidentes, dispone de un plazo de sesenta días para alcanzar un acuerdo definitivo.

La secuencia de anuncios revela interpretaciones divergentes del propio memorando. El texto pactado establece el paso libre de gravámenes durante esos sesenta días y delega en Irán y Omán la definición de la «administración futura» de la vía marítima. Desde Teherán, el negociador jefe iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que la gestión del estrecho «nunca volverá a ser como antes de la guerra», mientras que el portavoz de la cancillería, Esmail Baghei, había señalado días atrás que Irán podría cobrar tarifas por los servicios prestados a los buques. En contraste, Omán e Irán emitieron el martes un comunicado conjunto en el que se comprometen a mantener el paso «libre de peajes» y anuncian la creación de un comité bilateral para estudiar los costes de los futuros servicios de navegación, siempre «en línea con los estándares internacionales». Desde Mascate se insiste en que cualquier arreglo respetará la soberanía de los dos Estados ribereños, postura que Washington observa con desconfianza porque el derecho marítimo internacional prohíbe condicionar el tránsito por estrechos internacionales al pago de tasas.

El segundo frente de fricción son los activos iraníes congelados. Trump negó que Estados Unidos haya transferido dinero alguno a Irán y detalló un esquema según el cual una parte de esos fondos, «totalmente controlada por nosotros», se destinará a agricultores y ganaderos estadounidenses para que adquieran maíz, trigo y soja que luego se enviarán a Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, precisó que la supervisión se ejercerá desde Doha y que el grueso de los recursos liberados se empleará en alimentos y medicamentos comprados exclusivamente a proveedores estadounidenses. Desde la óptica de Teherán, el embajador iraní ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, rechazó cualquier control externo: «Irán es el único país que decide qué hacer con esos activos». El gobernador del banco central iraní, Abdolnaser Hemmati, anunció por su parte una inyección inmediata de divisas a la economía a partir del sábado, aprovechando la mejora del acceso a reservas y la relajación de las restricciones a la exportación petrolera.

El telón de fondo incluye la verificación nuclear. El director general del OIEA, Rafael Grossi, confirmó que los inspectores del organismo visitarán las instalaciones atómicas iraníes conforme a lo estipulado en el memorando, pese a las «declaraciones políticas» contradictorias. Sin embargo, el vicecanciller iraní Kazem Gharibabadi sostuvo que no hubo reunión con Grossi en Suiza y que el alcance de las inspecciones se negociará únicamente en el acuerdo final, una vez levantadas todas las sanciones. Mientras tanto, la Organización Marítima Internacional ha activado un corredor temporal que ya ha permitido el paso de varias embarcaciones por Ormuz, y Pakistán, uno de los mediadores, anunció que las conversaciones a nivel técnico se reanudarán la próxima semana. El proceso se mantiene así en un equilibrio precario, con los sesenta días como horizonte inmediato y sin que las partes hayan resuelto aún el significado concreto de la «administración futura» del estrecho ni el control efectivo de los fondos liberados.