Las autoridades del este de Libia liberaron este miércoles a los diez activistas de la caravana terrestre Global Sumud que permanecían detenidos desde el 24 de mayo, entre ellos una ciudadana española y tres italianos. La Fiscalía de Bengasi ordenó su deportación tras un mes de reclusión sin cargos formales, lo que permitió el retorno inmediato de los europeos. La española Alicia Armesto, secretaria técnica del Sindicato de Periodistas de Madrid, inició su viaje de regreso con escala en Estambul, mientras los italianos Domenico Centrone, Leonarda Alberizia y el ítalo-uruguayo Matias Alvarez Rodríguez aterrizaron en Roma ese mismo día, recibidos por familiares y simpatizantes.

Desde la administración oriental libia, encabezada por Khalifa Haftar y no reconocida internacionalmente, se justificó la detención por el ingreso al territorio “sin completar los procedimientos legales” y se enmarcó la deportación en el respeto a la soberanía estatal y la preservación del orden público. Para los gobiernos de Roma y Madrid, el desenlace fue presentado como fruto de una intensa labor diplomática. El ministro español José Manuel Albares agradeció las gestiones de la embajada en Libia y del consulado en Turquía, mientras su homólogo italiano, Antonio Tajani, destacó la coordinación entre la Farnesina y el palacio Chigi. Sin embargo, la organización Global Sumud Italia expresó “amargura” por lo que considera una celebración oficial que omite una condena formal a las violaciones del derecho internacional sufridas durante la prisión. Los activistas liberados relataron haber estado incomunicados, sometidos a presión psicológica continua y, según su versión, capturados antes de llegar al puesto de control fronterizo, sin que se les notificara acusación alguna.

El episodio pone de relieve la fragilidad jurídica en el este de Libia, donde las milicias de Haftar ejercen un control de facto al margen del gobierno reconocido por Naciones Unidas en Trípoli. Analistas en el Magreb observan que la caravana humanitaria, compuesta por unas 200 personas, siete ambulancias y once camiones con ayuda para Gaza, quedó atrapada en esa dualidad de poderes, lo que dificultó la asistencia consular y, según los testimonios de los liberados, prolongó una detención que califican de arbitraria. La misión terrestre formaba parte de una iniciativa más amplia de la flotilla Global Sumud que, en mayo, también intentó romper el bloqueo israelí por mar: más de 430 activistas fueron interceptados en aguas internacionales por Israel, un operativo que generó condenas en varios países y reavivó el debate sobre la legalidad del cerco a la Franja.

Con la liberación de los diez retenidos, el dossier humanitario entra en una fase de cierre operativo, aunque la campaña internacional Free Them All, respaldada por Amnistía Internacional, mantiene movilizaciones en ciudades italianas y exige sanciones contra los responsables de las detenciones. Los seis activistas de otras nacionalidades —entre ellos tunecinos, argentinos, portugueses y estadounidenses— también recuperaron la libertad o estaban a punto de hacerlo, según la organización. Mientras los gobiernos europeos consideran concluida la crisis consular, la sociedad civil transnacional que impulsó la caravana reclama que se investiguen las condiciones de reclusión y se suspenda toda cooperación con las autoridades del este libio hasta que se esclarezcan los hechos.