Moscú ha explicitado en los últimos días que defenderá Bielorrusia con todos los medios previstos en el tratado del Estado de la Unión, incluyendo el arsenal nuclear, al tiempo que, según funcionarios estadounidenses y europeos citados por The Wall Street Journal, intensifica la presión sobre Alexander Lukashenko para que autorice el uso de su territorio como plataforma de drones ofensivos y para ensanchar el frente occidental contra Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, y el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, subrayaron que cualquier agresión contra Minsk activará las contramedidas del pacto de garantías de seguridad que entró en vigor en marzo de 2025, el cual contempla el empleo de armas nucleares si la soberanía o la integridad territorial de cualquiera de las partes se ve críticamente amenazada.

Desde Kiev, el presidente Volodímir Zelenski lanzó un ultimátum exigiendo la retirada del equipamiento militar ruso empleado para corregir ataques contra Ucrania y advirtió que, de no hacerlo, las fuerzas ucranianas actuarían directamente contra esas instalaciones. Por su parte, Lukashenko ha definido la frontera estatal como su “línea roja” y ha afirmado que una agresión de la OTAN desencadenaría un conflicto con armas nucleares, mientras busca simultáneamente un acercamiento a Occidente: excarceló a unos 500 presos políticos y Washington respondió levantando sanciones a bancos y empresas de potasa bielorrusas, según el mismo diario estadounidense. El Kremlin, no obstante, condiciona la ayuda financiera de la que depende Minsk a una mayor implicación en el esfuerzo bélico, de acuerdo con un exagente de inteligencia ruso familiarizado con las conversaciones entre Lukashenko y el embajador ruso Borís Grizlov.

Fuentes de inteligencia occidentales y ucranianas recogidas por medios rusos e israelíes señalan que, por ahora, no hay indicios de una ofensiva terrestre inminente desde Bielorrusia, pero sí constatan el despliegue activo de una red de estaciones de control de drones y la ampliación de infraestructura militar. El objetivo, según esos análisis, sería obligar a Ucrania a distraer tropas del frente oriental para proteger su frontera norte. En paralelo, la arquitectura de seguridad del Estado de la Unión se ha densificado con ejercicios nucleares conjuntos y con la modificación de la doctrina atómica rusa, que considera un ataque contra Bielorrusia como un ataque contra Rusia y define como “adversario potencial” a cualquier coalición que despliegue armas nucleares en territorio de países no nucleares. La OTAN, desde Bruselas, ha incrementado su actividad en el flanco oriental como respuesta a esas maniobras.

El Kremlin anunció que Putin y Lukashenko abordarán en breve las amenazas proferidas desde Kiev. Mientras, el canal diplomático sigue abierto: Estados Unidos y algunos actores europeos intentan limitar la influencia de Moscú sobre Minsk mediante alivios de sanciones, y Rusia supedita la retirada de sus armas nucleares tácticas de Bielorrusia a que Washington retire todas las suyas de Europa y abandone lo que Moscú califica de “curso destructivo”. El expediente oscila así entre escenarios de escalada militar y gestos negociadores, sin una resolución definitiva a la vista.