El 22 de junio, los repetidores de señal situados en territorio bielorruso que, según Kiev, permitían corregir los ataques de drones rusos de largo alcance contra Ucrania, cesaron su actividad. Así lo comunicó el presidente Volodímir Zelenski tras recibir informes del mando militar y los servicios de inteligencia. La desconexión se produjo una semana después de que el mandatario lanzara un ultimátum público a Minsk: si en siete días no se retiraban esos equipos, las fuerzas ucranianas los destruirían. Zelenski admitió desconocer si las estaciones fueron desmanteladas físicamente o solo apagadas, pero subrayó que el flujo de drones rusos a través de la región de Chernígov se redujo de inmediato.

La exigencia ucraniana se enmarca en una larga disputa sobre el papel de Bielorrusia como plataforma logística y tecnológica de la ofensiva rusa. Desde la óptica de Kiev, los repetidores forman parte de las redes de malla que emplean los drones de ataque Geran y Gerbera, y su presencia en las provincias de Brest y Gómel permitía mantener una conexión estable con los aparatos que bombardean la capital ucraniana. Además, el gobierno de Zelenski acusa a Minsk de haberse convertido en el principal suministrador de combustible para el ejército ruso, tras los exitosos ataques ucranianos contra refinerías en Rusia. El ultimátum, según fuentes diplomáticas en Kiev, fue precedido por meses de gestiones no públicas que no dieron resultado, y coincidió con un endurecimiento general de la postura ucraniana hacia el régimen de Aleksandr Lukashenko, reflejado en nuevos paquetes de sanciones y en la amenaza de actuar de forma preventiva contra el liderazgo bielorruso.

Desde Minsk no ha habido comentarios oficiales sobre la desconexión ni sobre el ultimátum. El presidente Lukashenko ha reiterado en varias ocasiones que Bielorrusia no se sumará a la guerra, aunque ha condicionado esa promesa a que no se produzca una agresión contra su territorio. Analistas europeos y rusos citados por The Wall Street Journal señalan que el Kremlin mantiene una campaña de presión sobre Lukashenko —utilizando la dependencia financiera de Minsk— para que autorice un mayor uso de su territorio, con el objetivo de abrir un segundo frente y lanzar operaciones contra países vecinos de la OTAN. La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, alianza liderada por Moscú, advirtió de un aumento de la tensión fronteriza tras el ultimátum. Mientras, desde Washington, el centro Carnegie Politika apunta que el acercamiento exploratorio entre Estados Unidos y Bielorrusia —impulsado por la administración Trump para liberar presos políticos y recabar inteligencia— ha generado inquietud en Kiev y podría haber acelerado el giro hacia una política más confrontativa.

El episodio de los repetidores ilustra la delicada posición de Bielorrusia, atrapada entre la presión militar rusa y el riesgo de convertirse en blanco directo de represalias ucranianas. Aunque la desconexión supone un alivio táctico para la defensa aérea ucraniana, persisten las dudas sobre su alcance real: no hay verificación independiente y algunos sectores de la oposición ucraniana en el exilio califican el anuncio de Zelenski como una operación de propaganda. El presidente ucraniano ha asegurado que sigue la situación a diario y que su gobierno trabaja para confirmar el desmantelamiento. El dossier permanece abierto, con la posibilidad de nuevas acciones ucranianas si los repetidores vuelven a activarse, y con la incógnita de si el diálogo entre Washington y Minsk modificará el equilibrio de fuerzas en la región.