Venezuela está a punto de hacer público un pasivo total de 240.000 millones de dólares, una cifra que excede ampliamente las proyecciones de analistas que oscilaban entre 150.000 y 200.000 millones. La revelación, adelantada por fuentes cercanas al proceso, provocó un alza inmediata de aproximadamente un centavo en los bonos soberanos y de la petrolera estatal PDVSA, que cotizan en torno a 55 centavos por dólar. De confirmarse, el monto convertiría la reestructuración venezolana en la mayor de la historia para un Estado, por delante de los 200.000 millones de dólares del canje griego de 2012.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez ha encargado al banco de inversión estadounidense Centerview Partners la elaboración de un plan para devolver la deuda a una senda sostenible, que se publicará a principios de julio. Paralelamente, a finales de este mes se presentará un marco macroeconómico que estima el tamaño de la economía en unos 100.000 millones de dólares —muy por debajo de los 370.000 millones de 2012— y una ratio deuda/PIB superior al 200%. De forma inusual para una operación de este calibre, el análisis de sostenibilidad no ha sido elaborado por el Fondo Monetario Internacional, institución con la que Venezuela restableció contactos en abril tras siete años de ruptura. El FMI ha confirmado que no participa en el proceso de reestructuración, aunque mantiene diálogo técnico sobre las perspectivas macroeconómicas.

La ausencia del FMI genera lecturas contrapuestas. Desde la óptica de los tenedores de bonos en centros financieros como Nueva York y Londres, la evaluación negativa de las finanzas públicas anticipa una solicitud de quitas significativas. En cambio, sectores de la oposición venezolana y analistas en Washington advierten que una reestructuración acelerada fuera del paraguas del Fondo podría debilitar la posición negociadora de Caracas frente a los acreedores. A ello se suma la incertidumbre política: observadores internacionales y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que debatirá el caso el 26 de junio, señalan que la administración de los hermanos Rodríguez no ha iniciado una transición democrática verificable, lo que añade riesgos a la seguridad jurídica del proceso.

El pasivo total incluye alrededor de 60.000 millones en bonos soberanos y de PDVSA en situación de impago, más unos 40.000 millones en intereses acumulados desde 2017, además de laudos arbitrales y otras obligaciones. El objetivo declarado por Caracas es alcanzar un acuerdo con los acreedores antes de fin de año, lo que permitiría al país reinsertarse en los mercados internacionales de capital tras casi una década de aislamiento. El siguiente hito concreto será la publicación del marco macroeconómico en los próximos días y, posteriormente, la presentación del plan de sostenibilidad de la deuda a principios de julio.