El consejo de vigilancia de Volkswagen rechazó el jueves por 12 votos contra 7 el plan de reestructuración presentado por el presidente del consorcio, Oliver Blume, que contemplaba la supresión de hasta 120.000 puestos de trabajo y el cierre de las fábricas alemanas de Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm. La votación, en la que los representantes de los trabajadores y del estado federado de Baja Sajonia unieron sus fuerzas, dejó en suspenso la que Blume había calificado como «la reorientación más amplia de la historia del consorcio». El bloqueo se produjo el mismo día en que el grupo comunicó una caída interanual de las entregas del 8,6% en el segundo trimestre —el mayor descenso en cuatro años— lastrada por un desplome del 36,6% en China, su principal mercado.

La estructura de gobierno de Volkswagen otorga a los empleados la mitad de los asientos del consejo y a Baja Sajonia una minoría de bloqueo, lo que convierte cualquier ajuste profundo en una negociación política. Blume había apostado su prestigio a un recorte que consideraba inevitable para eliminar sobrecapacidades y recuperar competitividad, pero chocó con la oposición frontal del poderoso sindicato IG Metall y de la presidenta del comité de empresa, Daniela Cavallo, quien exigió a la dirección que aclarase sus intenciones antes del receso estival. Miles de trabajadores protestaron frente a las plantas alemanas, mientras el ministro presidente de Baja Sajonia, Olaf Lies, sentenciaba que «los cierres de fábricas no son una estrategia de futuro» y reclamaba un concepto industrial que devolviera el atractivo a los vehículos de la marca.

La crisis del mayor fabricante europeo de automóviles tiene un alcance que trasciende las fronteras alemanas. Desde Italia, el vicepresidente de la asociación de componentes Anfia, Marco Stella, advirtió de que el «reverbero de la crisis alemana será inevitable» para las 2.135 empresas italianas del sector, que exportan a Alemania 4.900 millones de euros al año. La sobrecapacidad productiva europea se estima en tres millones de vehículos anuales, repartidos entre Alemania, Italia y España. En Bruselas, la discusión sobre el Industrial Accelerator Act para proteger la producción comunitaria avanza con lentitud: su entrada en vigor no se espera antes de 2029, un plazo que muchos consideran demasiado tardío frente al avance de los fabricantes chinos.

Ese avance quedó reflejado en el dato de que las exportaciones mensuales de vehículos de China superaron por primera vez el millón de unidades en junio de 2026, con los vehículos de nueva energía representando más de la mitad. Mientras tanto, el plan de Volkswagen de reducir a la mitad su gama de modelos y ajustar la capacidad global a nueve millones de vehículos al año fue recibido con escepticismo por analistas, que lo califican de «pobre en medidas concretas». El próximo hito será la respuesta de la dirección a la exigencia sindical de un plan detallado: si no se despeja la incertidumbre, los sindicatos amenazan con intensificar las movilizaciones a partir del segundo semestre.