La administración del presidente Donald Trump aprobó un acuerdo de cooperación nuclear civil con Arabia Saudita que, según fuentes oficiales citadas por múltiples medios, permitiría al reino enriquecer uranio en su territorio. El pacto, con una vigencia de tres décadas y un valor estimado en decenas de miles de millones de dólares, otorga a empresas estadounidenses un papel central en la construcción de la infraestructura nuclear saudita, incluida una posible planta de enriquecimiento si un estudio conjunto lo considera viable. El anuncio formal está previsto para este miércoles, y el texto será remitido al Congreso en los próximos días, aunque su entrada en vigor no requiere aprobación legislativa.

Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio defendió que “Estados Unidos no va a alcanzar ningún acuerdo con ningún país del mundo que conlleve riesgo de proliferación”. La Casa Blanca sostiene que el acuerdo revitalizará la industria nuclear estadounidense, fortalecerá los lazos bilaterales y excluirá a competidores como Rusia y China. Riad, por su parte, insiste en que su programa tiene fines exclusivamente civiles y busca liberar petróleo para exportación, en línea con su plan Visión 2030. Sin embargo, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán declaró en 2018 que si Irán desarrolla un arma nuclear, el reino “hará lo mismo lo antes posible”, una postura que analistas en capitales europeas y en Tel Aviv interpretan como una señal de alerta.

El acuerdo omite dos salvaguardias que la diplomacia estadounidense había considerado esenciales en pactos anteriores: la renuncia al enriquecimiento y al reprocesamiento de combustible gastado —el llamado “estándar de oro” aplicado a Emiratos Árabes Unidos en 2009— y el Protocolo Adicional del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que permite inspecciones más intrusivas. Expertos en no proliferación del International Institute for Strategic Studies, con sede en Londres, califican el enfoque de “revolucionario” y advierten que sienta un precedente arriesgado. Legisladores demócratas y republicanos han expresado su oposición, y el ex primer ministro israelí Naftali Bennett lo tachó de “fracaso estratégico severo” que podría desatar una carrera armamentística regional.

El contexto geopolítico añade fricción: el acuerdo se anuncia en plena guerra entre Estados Unidos e Irán, justificada en parte por la negativa de Teherán a abandonar su propio enriquecimiento. Desde la óptica de Moscú y Pekín, la medida consolida la influencia estadounidense en el Golfo, mientras que en América Latina, analistas observan con cautela el debilitamiento de las normas de no proliferación. Paralelamente, los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, han declarado un bloqueo naval contra puertos sauditas, elevando la tensión en el estrecho de Bab el-Mandeb. El acuerdo no está condicionado a la normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel, un objetivo que las administraciones anteriores habían vinculado al expediente nuclear.

El expediente pasará ahora al Congreso, donde para bloquearlo se necesitaría una resolución conjunta con una mayoría de dos tercios capaz de superar un eventual veto presidencial. La existencia de anexos secretos, que según la administración contienen información comercial sensible y de seguridad nacional, ha llevado a algunos legisladores a condicionar su apoyo a la divulgación completa de los documentos. Se espera que en las próximas semanas se celebren audiencias que definirán el alcance del escrutinio legislativo sobre un pacto que, de prosperar, reconfiguraría el equilibrio nuclear en Oriente Medio.