El Juzgado de lo Penal número 11 de Estambul emitió una orden de detención internacional contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y solicitó a Interpol la publicación de una notificación roja. La decisión se fundamenta en el abordaje por parte de la Armada israelí de la Flotilla Global Sumud en octubre de 2025, cuando las naves transportaban ayuda humanitaria hacia Gaza. El tribunal imputa a Netanyahu delitos de crímenes contra la humanidad, genocidio, tortura, privación ilegal de libertad, destrucción de bienes y piratería, y la fiscalía ha reclamado la pena de prisión permanente agravada.

Según fuentes judiciales turcas, la corte se declara competente en virtud del derecho marítimo internacional, ya que la interceptación se produjo en aguas internacionales. La Cancillería de Ankara calificó en su momento la operación israelí de «acto de piratería». Facultativos que examinaron a los activistas tras su deportación aportaron al tribunal pruebas de tratos constitutivos de crímenes contra la humanidad. El presidente Recep Tayyip Erdogan ha reiterado sus condenas a Netanyahu y ha subrayado el respaldo de Turquía a la causa palestina. Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno israelí no se había pronunciado oficialmente, si bien en ocasiones anteriores ha tachado este tipo de iniciativas de motivación política. En el plano doméstico, Netanyahu abandonó abruptamente una sesión de la Knéset entre protestas de la oposición por un proyecto de ley de exención del servicio militar, según informaron medios regionales.

La solicitud turca será ahora examinada por la Secretaría General de Interpol, que debe verificar que no contraviene la prohibición de cursar requerimientos de naturaleza política. De ser aprobada, la ficha roja restringiría la movilidad del primer ministro en un número significativo de Estados. Esta vía judicial nacional discurre en paralelo al procedimiento de la Corte Penal Internacional (CPI): en noviembre de 2024, el fiscal Karim Khan pidió órdenes de arresto contra Netanyahu y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza, pero la decisión quedó aplazada tras la intervención del Reino Unido como amicus curiae. Estados Unidos, que no reconoce la jurisdicción de la CPI, impuso sanciones al tribunal en febrero de 2025 por considerar que abusaba de sus competencias. En contraste, varios gobiernos de la Unión Europea han respaldado públicamente la labor de la Corte. Desde América Latina, donde numerosos países han condenado enérgicamente las operaciones militares israelíes en Gaza, la medida turca podría interpretarse como un refuerzo de los mecanismos de rendición de cuentas, aunque analistas en la región advierten del riesgo de una justicia selectiva.

La fiscalía de Estambul ya había librado órdenes de detención preliminares en noviembre de 2025 por la acusación de genocidio en la Franja de Gaza, pero el caso actual se ciñe al episodio de la flotilla. El escrito de acusación definitivo ha sido presentado y el proceso podría desarrollarse en rebeldía. La revisión por parte de Interpol se prolongará previsiblemente durante semanas, y corresponderá después a cada Estado miembro decidir si ejecuta la detención. Mientras, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI aún no se ha pronunciado sobre la solicitud del fiscal, lo que mantiene fragmentado el frente judicial internacional. La iniciativa turca añade una capa adicional de presión jurídica, pero su eficacia práctica dependerá de la voluntad política de los miembros de Interpol y de la evolución del conflicto en Oriente Próximo.