El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concretó la transferencia de 5,6 millones de dólares a la periodista y escritora E. Jean Carroll, en cumplimiento de una sentencia civil que lo declaró responsable de abuso sexual y difamación. El desembolso, que incluye la indemnización fijada por un jurado en 2023 más los intereses acumulados, fue depositado en una cuenta controlada por el tribunal hasta que la Corte Suprema rechazó en junio la última petición del mandatario para revisar el veredicto. Según consta en el expediente judicial, el juez Lewis A. Kaplan ordenó la liberación de los fondos el 8 de julio, y la defensa de Carroll confirmó la recepción del dinero, que la escritora de 82 años destinará a su fondo de jubilación.

Desde la óptica de los círculos judiciales en Nueva York, la conclusión de esta fase del litigio representa la validación definitiva del veredicto unánime emitido en mayo de 2023, cuando un jurado federal halló a Trump responsable de haber agredido sexualmente a Carroll en un probador de una tienda departamental de Manhattan a mediados de la década de 1990 y de haberla difamado al calificar la acusación de “engaño y mentira”. La defensa del presidente intentó bloquear el pago mediante recursos de emergencia, argumentando que debía esperarse a que la Corte Suprema decidiera si reconsideraba su petición, una maniobra que el tribunal de apelaciones no ha atendido. La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, calificó el hecho como el resultado de un proceso en el que “un jurado unánime declaró al presidente Trump culpable de agresión sexual y difamación”.

En el plano político, analistas en Washington y Ciudad de México observan que el caso introduce un factor de desgaste para el movimiento MAGA y el Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas de noviembre. La prensa mexicana, como el diario La Jornada, subraya que la condena civil y el pago efectivo erosionan la imagen de Trump en un momento en que su administración enfrenta también cuestionamientos por los vínculos entre el narcotráfico y gobiernos estatales en México, un contexto en el que el director de la DEA, Terrance C. Cole, ha señalado una supuesta conexión entre los cárteles y autoridades mexicanas, postura que el gabinete de seguridad de México rechazó.

El litigio, sin embargo, no está cerrado por completo. En enero de 2024, otro jurado federal en Manhattan condenó a Trump a pagar 83,3 millones de dólares adicionales por difamar a Carroll en declaraciones de 2019, veredicto que la defensa del presidente sigue apelando y que, según fuentes cercanas al equipo legal, podría llegar nuevamente a la Corte Suprema bajo el argumento de inmunidad presidencial. Mientras tanto, Carroll ha ironizado en su blog sobre el papel de la exabogada de Trump, Alina Habba, y la Casa Blanca ha remitido las consultas a los abogados personales del mandatario, cuyo portavoz calificó el caso de “farsa financiada por los demócratas”. El expediente judicial muestra que el pago ya fue registrado y que la defensa de Trump aún puede solicitar la devolución de los fondos si la Corte Suprema reconsidera el asunto, aunque esa posibilidad es considerada remota por expertos en derecho constitucional estadounidense.