Las autoridades judiciales de Irán ejecutaron en la madrugada del miércoles a Mohammad Amini Dehaghani, condenado por su participación en las protestas antigubernamentales de enero de 2026. El hombre fue hallado culpable de “moharebeh” (guerra contra Dios) y “corrupción en la tierra” por lanzar cócteles molotov contra la sede de la gobernación y una comisaría en la ciudad de Dehaghán, en la provincia de Isfahán. La ejecución se produjo el mismo día en que otro manifestante, Aref Khoshkar, fue ahorcado en la prisión de Ghezel Hesar, en Karaj, acusado de matar a un miembro de la milicia Basij durante las movilizaciones de 2022, según confirmaron fuentes judiciales y de derechos humanos.

El poder judicial iraní, a través de su agencia Mizan, sostuvo que la sentencia se basó en grabaciones de circuito cerrado y en las confesiones del acusado, y que se agotaron todas las instancias de apelación. Según esta versión, Dehaghani también había difundido propaganda contra el sistema, mantenido contactos con cuentas opositoras en el extranjero y solicitado un fusil Kalashnikov para disparar contra las fuerzas de seguridad. En contraste, organizaciones de derechos humanos con sede en Europa y Norteamérica denuncian que los procesos judiciales contra los detenidos en las protestas carecen de las debidas garantías: los acusados son sometidos a torturas para obtener confesiones, se les asigna abogados de oficio sin posibilidad de defensa efectiva y los juicios se celebran a puerta cerrada. Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos en Irán, con base en Noruega, han documentado que al menos 18 de los aproximadamente 40 ejecutados en lo que va de 2026 eran participantes de aquellas manifestaciones.

Desde la óptica de Naciones Unidas, el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, advirtió en junio que Irán está utilizando la pena de muerte como “herramienta para sembrar el terror y reprimir la disidencia”, y urgió a detener las ejecuciones. El presidente estadounidense, Donald Trump, también se pronunció tras la tregua en el conflicto para pedir que no se aplicara la pena capital a los manifestantes. Analistas en Washington observan que la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero de 2026 ha servido de contexto para que el aparato judicial iraní acelere los procesos y las ejecuciones, presentando a los condenados como colaboradores del enemigo externo. La cifra de ejecuciones en 2025, según el recuento de la ONG Together Against the Death Penalty, alcanzó las 1.639, la más alta desde 1989, y la tendencia se ha intensificado tras el inicio de las hostilidades.

Las protestas de diciembre de 2025 y enero de 2026 estallaron por el desplome del rial —que perdió más del 40 % de su valor en un año— y la escalada inflacionaria, pero rápidamente incorporaron demandas políticas y el fin del sistema islámico. La represión dejó un saldo de al menos 3.000 muertos según fuentes oficiales, aunque organismos independientes elevan la cifra a más de 7.000. El expediente judicial sigue abierto: el Comité de Seguimiento de Detenidos en Irán ha confirmado que al menos doce condenas a muerte de manifestantes de la provincia de Isfahán han sido ratificadas por el Tribunal Supremo y están pendientes de ejecución. Mientras tanto, la comunidad internacional, a través del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la relatora especial para Irán, Mai Sato, insiste en que la falta de justicia interna obliga a explorar vías de rendición de cuentas ante mecanismos penales internacionales.