Una serie de fallecimientos de ciudadanos mexicanos y colombianos durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha desatado una doble crisis operativa y diplomática. El 7 de julio, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo fue abatido en Houston; el 13 de julio, el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero murió por disparos en Biddeford, Maine; y al día siguiente otro mexicano falleció atropellado mientras huía de agentes en Florida. De acuerdo con informes de prensa estadounidenses, la administración federal respondió con una prohibición de los controles vehiculares por parte de la división de deportaciones (ERO) del ICE. La medida, que según el zar fronterizo Tom Homan era una 'pausa temporal', fue revocada a las pocas horas por el presidente Donald Trump, quien instó a los agentes a retomar los patrullajes.

Desde la sociedad civil estadounidense, organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) calificaron estos hechos como 'violencia estatal destinada a aterrorizar comunidades'. Sus portavoces exigieron la salida del ICE de los barrios inmigrantes, investigaciones independientes y la instalación de cámaras corporales en los agentes. Una encuesta del Pew Research Center reflejó que el 52 % de los adultos latinos teme ser deportado o que lo sea un allegado, un incremento de diez puntos en siete meses, y casi la mitad dice sentirse menos seguro a causa de las políticas de la administración Trump. Las protestas se multiplicaron: en Houston más de un centenar de personas se inscribió para hablar ante el concejo municipal, mientras en Maine líderes comunitarios describieron un estado de 'agotamiento y terror'.

Desde la óptica de México, el gobierno anunció la presentación de demandas penales por 17 muertes de connacionales atribuidas a agentes del ICE. Analistas en Ciudad de México y líderes migrantes en Chicago consideraron la medida positiva pero tardía: 'un anuncio que llega con 17 muertes de retraso', señalaron. Voces del Frente Nacional Migrante sostuvieron que existe un patrón en el que los oficiales alegan que los migrantes intentaron arrollarlos, una táctica que, aseguran, se replica desde California hasta Illinois para sembrar terror y forzar la auto-deportación. También denunciaron las condiciones en centros de detención privados, donde los migrantes permanecen hacinados y sin atención médica, lo que ha derivado en muertes adicionales.

En paralelo, la revisión de los casos ha abierto interrogantes sobre los procesos de selección del ICE. Informes de prensa estadounidenses revelaron que el agente que disparó en Maine, David Brouillett, tenía un largo historial de trastornos psiquiátricos, conductas violentas y acusaciones de abuso familiar, aunque carecía de antecedentes penales oficiales. Su exesposa afirmó que le diagnosticaron trastorno bipolar y que durante su matrimonio arrojó agua hirviendo sobre ella. Estos datos, sumados a la rápida secuencia de prohibición y reactivación de los controles, reflejan según analistas en Washington una tensión no resuelta entre la agresividad de las redadas masivas y los requisitos de formación y perfil de los agentes. La atención se centra ahora en si el Poder Legislativo forzará la rendición de cuentas, mientras se espera que la campaña electoral intermedia intensifique el debate migratorio en Estados Unidos.