El ministro de Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, afirmó que su país no apoya la imposición de peajes a los buques que transitan el estrecho de Ormuz, aunque no descartó discutir mecanismos de cobro por servicios marítimos específicos como la seguridad a la navegación, la respuesta a emergencias o la lucha contra la contaminación. La declaración se produjo tras la primera reunión del comité conjunto irano-omaní sobre el estrecho, celebrada en Mascate, en la que ambas partes revisaron la situación actual y abordaron la administración futura del paso conforme al memorando de entendimiento firmado entre Teherán y Washington.

Desde la óptica de Teherán, el viceministro de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi, subrayó que la gestión del estrecho no retornará al statu quo anterior a la guerra y que cualquier arreglo debe respetar los derechos soberanos de los Estados ribereños. La parte iraní sostiene que, una vez concluido el período de sesenta días de tránsito gratuito previsto en el memorando, se aplicarán costos por los servicios prestados, y recalca que la responsabilidad exclusiva del desminado recae sobre la República Islámica, sin admitir injerencia externa. Asimismo, Teherán insiste en que las rutas de navegación deben modificarse, al considerar obsoletos los corredores trazados en 1968, y rechaza los pasillos alternativos temporales anunciados por Omán en coordinación con Naciones Unidas.

Mascate, por su parte, enmarca su posición en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y en el principio de libertad de navegación. Al-Busaidi recalcó que cualquier entendimiento futuro sobre Ormuz debe permanecer dentro de los límites del derecho internacional y que la prioridad de los Estados del Golfo es la desescalada y el cese de hostilidades. Si bien Omán no avala gravámenes al tránsito, fuentes diplomáticas en la región señalan que la puerta queda abierta a tarifas por servicios concretos, inspiradas en modelos como el del estrecho de Malaca, siempre que no equivalgan a un peaje generalizado y se acuerden con los países ribereños y los usuarios de la vía.

El pulso por la administración del estrecho se produce en un contexto de fuerte contracción del tráfico marítimo, atribuida por Teherán a lo que califica de “acciones agresivas” estadounidenses, y tras ataques recientes contra dos petroleros en las inmediaciones del paso. La nota de entendimiento de Islamabad establece que Irán facilitará el paso seguro sin costo durante sesenta días, plazo durante el cual debe dialogar con Omán —y consultar con los demás Estados ribereños— para definir la gobernanza futura. Washington, según se desprende de las negociaciones indirectas, rechaza cualquier peaje por considerarlo incompatible con el carácter de estrecho internacional, mientras que la posición iraní se apoya en su condición de Estado ribereño no parte de la Convención.

Los equipos técnicos de ambos países iniciarán consultas especializadas en un plazo de siete a ocho días para abordar tanto los nuevos arreglos de gestión como la modificación de las rutas de navegación. En paralelo, Teherán ha desmentido que esté prevista para esta semana una reunión de los grupos de trabajo técnicos con Estados Unidos en Catar, y ha indicado que la siguiente ronda se convocará cuando las condiciones estén maduras. El expediente queda así abierto a una negociación de múltiples niveles en la que convergen la seguridad energética global, la arquitectura jurídica de los estrechos y el equilibrio de influencias en el Golfo.