El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que el 21 de junio sus fuerzas realizaron un “ataque cinético letal” contra una embarcación en el mar Caribe, acción que dejó dos hombres muertos y seis sobrevivientes. Según el comunicado oficial, la inteligencia militar indicaba que la nave transitaba por rutas conocidas de narcotráfico y era operada por “organizaciones terroristas designadas”. La operación, ejecutada por la Fuerza Conjunta Southern Spear, fue notificada de inmediato a la Guardia Costera estadounidense para activar el sistema de búsqueda y rescate de los sobrevivientes, aunque no se precisó su estado ni las condiciones del rescate.

Desde Washington, la administración Trump enmarca estos ataques en un “conflicto armado” contra los carteles latinoamericanos, a los que califica de “narcoterroristas”. Con esta última acción, el número de víctimas mortales de la campaña —iniciada en septiembre de 2025— supera las 210 personas en más de 60 operaciones en el Pacífico oriental y el Caribe. El Pentágono no ha divulgado pruebas de que las embarcaciones atacadas transportaran drogas, y se ha negado a revelar la identidad de los fallecidos. Un video en blanco y negro difundido por el Comando Sur muestra el impacto de un proyectil y la explosión de la nave, pero no aporta evidencia de la carga ilícita.

Organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional, incluidos funcionarios de Naciones Unidas, han calificado estas operaciones de “ejecuciones extrajudiciales”. Legisladores estadounidenses, tanto demócratas como algunos republicanos, exigieron al Pentágono la divulgación de videos sin editar del primer ataque de la serie, en el que se habría realizado un segundo disparo contra sobrevivientes que se aferraban a los restos del naufragio. La Casa Blanca justificó ese doble ataque como “acto de autodefensa” para destruir la embarcación, pero juristas consultados por medios estadounidenses sostienen que un segundo ataque contra náufragos sería ilegal bajo cualquier circunstancia. La oficina del inspector general del Pentágono anunció en mayo una revisión del cumplimiento del Ciclo Conjunto de Selección de Blancos, aunque aclaró que no evaluará la legalidad de los ataques.

Analistas en América Latina señalan que la mayoría del fentanilo que causa sobredosis en Estados Unidos ingresa por vía terrestre desde México, producido con precursores químicos importados de China e India, lo que pone en duda la eficacia de los ataques en el mar. La ofensiva ha generado preocupación en Venezuela, cuyo gobierno ha denunciado el despliegue de grupos navales y aéreos estadounidenses en la región. Mientras el Comando Sur continúa las operaciones sin ofrecer evidencias concretas de narcotráfico, el debate en el Congreso estadounidense y en foros internacionales se centra en la legalidad de una campaña que, según sus críticos, aplica la fuerza letal sin el debido proceso y sin un mandato claro del derecho internacional.