La más reciente declaración financiera del presidente estadounidense Donald Trump ante la Oficina de Ética Gubernamental muestra que, en 2025, recibió más de 1.400 millones de dólares de los proyectos de criptomonedas de su familia, incluidos World Liberty Financial y su propia moneda meme. En paralelo, sus carteras de acciones y bonos se multiplicaron por al menos cuatro, pasando de un rango de 225–608 millones de dólares a finales de 2024 a entre 703 y 2.600 millones al cierre de 2025. El movimiento de capital se produjo mientras Trump y sus hijos animaban a pequeños inversores a colocar su dinero en esos mismos activos digitales, que luego sufrieron fuertes pérdidas.

Desde la academia estadounidense, Timothy Massad, exdirector de la Oficina de Ética Gubernamental y hoy investigador en la Escuela Kennedy de Harvard, interpreta los documentos como la evidencia de una estrategia personal de beneficio rápido: vender los tokens y trasladar las ganancias a instrumentos tradicionales. Un grupo de nueve especialistas en activos digitales consultados en el marco del análisis coincide en que los formularios “muestran la actividad económica de una persona que no confía en las criptomonedas como principal reserva de valor de su patrimonio”. La contradicción con el discurso oficial —convertir a Estados Unidos en “la capital mundial de las criptomonedas”— ha reavivado el debate sobre la brecha entre la retórica presidencial y sus decisiones financieras personales.

El patrón se extiende al entorno familiar. Una investigación periodística en Washington reveló que Donald Trump Jr. y Eric Trump invirtieron en más de una docena de empresas emergentes de tecnología de defensa durante el segundo mandato de su padre. Esas compañías recibieron posteriormente contratos del Pentágono por al menos 3.200 millones de dólares, con opciones por otros 3.100 millones. Dos firmas —SpaceX, de Elon Musk, y Anduril— concentraron el 97 % de los fondos ya adjudicados. De forma paralela, la relación del presidente con el magnate Michael Dell ha generado beneficios tangibles: una donación de 6.250 millones de dólares de la fundación familiar Dell al programa Trump Accounts, un respaldo público que impulsó las acciones de la tecnológica y un contrato de defensa por 9.700 millones para Dell. Analistas políticos en Estocolmo señalan que el entramado se apoya en un sistema legal estadounidense basado más en la costumbre que en normas escritas, y en fallos de la Corte Suprema que han otorgado al presidente una inmunidad difusa pero significativa, elevando el umbral para probar corrupción.

El propio Trump ha declarado que ya no ve motivos para separar sus negocios de la función pública, una postura que, según observadores en Washington, normaliza la fusión entre interés privado y cargo público. La próxima declaración financiera anual, prevista para 2027, será el hito factual que permitirá verificar si esta dinámica de conversión de influencia política en ganancias personales se mantiene o si surgen nuevos mecanismos de control.