El costo fiscal de la pérdida de empleo formal en la Argentina alcanzó un hito preocupante: entre 2023 y 2026, la partida destinada al pago de seguros de desempleo se disparó un 756%, al pasar de 47.000 millones a 403.000 millones de pesos. Según datos oficiales, la cantidad de beneficiarios se duplicó en el mismo período, hasta situarse en 116.641 en junio pasado, la cifra más alta desde la pandemia. Este incremento es el correlato de la destrucción de más de 216.000 puestos asalariados registrados desde noviembre de 2023, parcialmente compensada por un alza del monotributo, que analistas del Centro de Economía Política Argentina interpretan como un refugio precario más que como un signo de emprendimiento. La dinámica sobrecarga un presupuesto que pretende equilibrar las cuentas fiscales mientras el poder adquisitivo de los haberes se erosiona.

En otras latitudes, los ajustes muestran un mosaico de realidades. En Rusia, la pensión media de los jubilados no trabajadores avanzó 1.800 rublos en un año, hasta los 25.838 rublos, y se espera un aumento adicional en agosto de hasta el 19,3% para quienes capitalizaron ayudas familiares. Alemania, por su parte, registró un salario mediano bruto de 4.217 euros mensuales en 2025, 204 euros más que el año previo, pero los datos de la Agencia Federal de Empleo revelan que el 7,7% de brecha salarial de género persiste (15,1% en 2018) y que los trabajadores de origen extranjero cobran 1.038 euros menos que los nativos. Estas disparidades, aunque en retroceso, alimentan el debate sobre políticas de equidad en el mercado laboral.

España dio un paso hacia la igualdad con el fallo del Tribunal Supremo que obliga a reconocer el complemento para la reducción de la brecha de género también a los padres que acrediten la crianza de hijos y reciban una pensión contributiva de jubilación, incapacidad o viudedad. La ayuda, de 36,90 euros brutos mensuales por hijo, ya alcanza a cerca de un millón de pensiones y busca compensar el impacto que la crianza tuvo en sus carreras. En contraste, Irán presenta dificultades administrativas: la Organización de la Seguridad Social no ha podido abonar las diferencias retroactivas de los dos primeros meses del año fiscal a los jubilados, una señal de las tensiones de liquidez que enfrentan los sistemas previsionales en economías emergentes.

Para agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social argentina (ANSES) aplicará un aumento del 1,89% en jubilaciones y asignaciones, basado en la inflación de junio. La prestación mínima se situará en torno a los 419.800 pesos, complementada con un bono congelado de 70.000 pesos, en un contexto donde las empresas de medicina prepaga anuncian subas de hasta el 2,1% —por encima del índice general—, lo que agrava la carga sobre los hogares. En Estados Unidos, los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) no recibirán depósito en agosto debido a que el pago se adelantó al 31 de julio por caer el día 1 en sábado, un recordatorio de cómo las reglas de calendario pueden afectar la planificación financiera de los más vulnerables.

El próximo dato que medirá la capacidad de los sistemas para preservar el poder de compra será la inflación de julio en la Argentina, que definirá los incrementos de septiembre. Mientras tanto, la evolución del empleo registrado marcará el rumbo fiscal de los seguros de desempleo y la viabilidad de sostener compensaciones extraordinarias sin recurrir a emisión o deuda. La interacción entre demografía, formalidad laboral e inflación continuará tensando las cuerdas de la protección social a ambos lados del Atlántico.