El presidente del Líbano, Joseph Aoun, denunció este lunes ante el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, que las operaciones militares israelíes en el sur del país —incluida la demolición de viviendas, el arrasamiento de aldeas y los ataques a lugares religiosos y patrimoniales— constituyen una violación directa de los derechos humanos y del derecho internacional. Según la presidencia libanesa, Aoun advirtió de que estas prácticas ponen en riesgo la efectividad del denominado “Acuerdo Marco” y exigió una movilización internacional urgente para detenerlas. Türk, por su parte, confirmó que su oficina sigue de cerca la evolución sobre el terreno y prepara un informe detallado sobre las violaciones de derechos humanos registradas desde el pasado 2 de marzo.

Beirut mantiene su adhesión al acuerdo marco alcanzado tras negociaciones directas en Washington con mediación estadounidense, pero condiciona su plena aplicación a la retirada completa de las fuerzas israelíes y al fortalecimiento de las capacidades del ejército libanés. Desde la óptica del gobierno libanés, la extensión de la autoridad estatal y el desarme de Hezbolá son objetivos viables siempre que se complete la desocupación y se ponga en marcha un proceso de reconstrucción liderado por el Estado. Sin embargo, fuentes regionales señalan que Hezbolá rechaza tanto el abandono de su arsenal como los resultados de las conversaciones directas entre Líbano e Israel, lo que introduce un factor de fricción interna que podría comprometer la estabilidad del pacto. Observadores internacionales han apuntado, además, a la ambigüedad del texto en cuanto al estatus jurídico del acuerdo y a la ausencia de un calendario vinculante para la retirada israelí.

En este contexto, el ejército libanés ha iniciado su despliegue en las denominadas “zonas experimentales” del sur, una medida que desde la óptica de Washington se interpreta como una prueba de la capacidad del Estado para recuperar el monopolio de la fuerza. La visita de Aoun a la Casa Blanca y su encuentro con el presidente Donald Trump refuerzan esa lectura, al situar el respaldo estadounidense como un eje de la estrategia libanesa. Paralelamente, el primer ministro Nawaf Salam subrayó ante Türk la importancia de que un organismo internacional neutral documente los hechos que podrían constituir crímenes de guerra, en referencia a las hostilidades registradas desde octubre de 2023.

El acuerdo marco fue concebido como un instrumento para poner fin al enfrentamiento entre Israel y Hezbolá, pero su implementación tropieza con la continuidad de las incursiones israelíes y con la resistencia interna al desarme. La oficina del Alto Comisionado prepara un informe que podría ser presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, mientras Beirut busca mantener el equilibrio entre sus compromisos externos y las presiones domésticas. El desenlace del proceso dependerá, en gran medida, de la evolución de la presencia militar israelí sobre el terreno y de la capacidad del gobierno libanés para gestionar las tensiones con Hezbolá sin desencadenar una nueva confrontación civil.